Una empresaria de 35 años fue detenida en el aeropuerto Francisco Gabrielli de Mendoza en el momento en que se disponía viajar a Chile. El hecho ocurrió, cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria advirtieron que estaba pedida por Interpol.

Se trata de Ana Carmen Sosa Cravioto, una empresaria de 35 años, que había llegado a nuestra provincia en diciembre del año pasado y que había empezado a formar parte de la sociedad mendocina. 

Sosa Cravioto es hija de Gerardo Sosa Castelán, exrector y expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), en México, investigado en su país por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal vinculados al manejo de fondos de esa universidad. 

En 2020, la Fiscalía General de la República de México había ordenado su detención y la de su hermana Adriana por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ana Sosa Cravioto dijo en la justicia que su viaje a Chile de ninguna manera era una excusa para escaparse, sino que ya tiene un estilo de vida armado. Y contó que entre sus planes inmediatos estaba hacer una presentación como bailarina de uno de los grupos de danza más conocidos de la zona.

También habló de su costado empresarial: dijo dedicarse como accionista a la exportación de vino a México; actividad que se basa en la compra de vino a una bodega del Valle de Uco, Don Carlos, para luego llevarlo hacia su país natal. Lo que no está del todo claro es si sólo tiene una relación comercial con la bodega o si también es accionista.

De su formación, mencionó estudios en Vancouver y en Londres, y también se sabe que en su país estuvo vinculada en el negocio de desarrollos inmobiliario.

Apenas se conoció la detención de su hija, Gerardo Sosa Castelán no dudó y viajó desde México hacia Mendoza. Aterrizó acompañado de su pareja poco tiempo después de conocerse la noticia.

El proceso contra Sosa Castelán se originó el 31 de agosto de 2020, fecha en la que fue capturado en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez federal mexicano. En aquel momento, se le imputaron cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y defraudación fiscal, los cuales finalmente concluyeron con la resolución judicial a su favor tras cuatro años de litigio.

La causa quedó primero en manos de la jueza federal María Paula Marisi, quien dispuso que Sosa Cravioto cumpliera con su detención en la Unidad 32 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada detrás del edificio España y Pedro Molina.

Su defensa apeló esa decisión y encontró eco: el titular de la Cámara Federal de Mendoza, Juan Ignacio Pérez Curci, resolvió un régimen de prisión domiciliaria mientras se tramita el pedido de extradición a México. Y quedó alojada en una casa de Luján cuyo propietario es un guía turístico.

Aun así, la justicia federal sostuvo la prisión domiciliaria, con una consigna de la Policía de Mendoza porque las fuerzas federales no contaban con personal disponible para esa tarea. Esa vigilancia se mantendrá hasta que consigan colocarle una pulsera electrónica de monitoreo.

Mientras tanto, el trámite de extradición sigue su curso en los Tribunales Federales de Mendoza.