La Justicia de Bolivia ratificó este miércoles el traslado del consultor político Fernando Cerimedo a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. El exasesor cumplirá una detención preventiva de seis meses en el marco de una investigación paralela por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, desprendida de la causa en la que se le imputa la autoría intelectual del ataque contra su expareja, la dirigente Nadia Beller.

La defensa de Cerimedo había intentado revertir la medida al argumentar que el consultor ya se encontraba bajo prisión preventiva en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, y que desde allí podía ejercer su defensa legal. Sin embargo, un tribunal desestimó el planteo. Durante la audiencia, el acusado negó los cargos y rechazó haber influido en las decisiones del presidente boliviano, Rodrigo Paz. La causa escaló judicialmente luego de que, en un allanamiento vinculado al caso, las autoridades secuestraran cerca de 50.000 dólares y una infraestructura descrita como una "granja de bots" destinada a la generación masiva de mensajes automatizados.

Las ramificaciones del caso alcanzaron rápidamente a la política internacional, con repercusiones directas en el Congreso de Chile. Este mismo miércoles, la Cámara de Diputados chilena aprobó la creación de una comisión especial investigadora destinada a fiscalizar la manipulación algorítmica y las campañas de desinformación con cuentas falsas en elecciones y plebiscitos realizados desde 2020. La iniciativa, impulsada por el diputado José Montalva (PPD), logró luz verde con 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, revirtiendo el revés sufrido en una votación previa.

La apertura de esta instancia legislativa responde a los antecedentes de la labor que Cerimedo habría desempeñado en la campaña del Rechazo durante el plebiscito constitucional de 2022 para sectores del Partido Republicano, y a las declaraciones de Beller sobre su supuesta participación en los equipos del actual mandatario chileno, José Antonio Kast. Ante los cuestionamientos, el presidente Kast reconoció conocer a Cerimedo, pero descartó tajantemente vínculos formales o asesorías en sus campañas electorales.

Pese a los desmentidos oficiales, bloques opositores incrementaron la presión política. Diputados como Juan Santana anunciaron que oficiarán al Servicio Electoral (Servel) para auditar posibles rendiciones de gastos vinculadas al consultor o a sus firmas asociadas, mientras que legisladores como Daniel Manoucheri y Jaime Araya reclamaron explicaciones sobre el financiamiento de estas estructuras de propaganda digital. Con la conformación de la comisión, el Parlamento chileno buscará esclarecer el alcance de estas redes de amplificación en los procesos democráticos del país.