Después de tres años de lucha para lograr justicia por su hijo, presuntamente abusado por el padre, una mamá recibió un golpe por parte del Poder Judicial de la provincia de Río Negro que no esperaba: a sólo semanas de comenzar el juicio oral en contra de su ex, la fiscal del caso desistió de la acusación y comunicó que no va a estar presente en el debate.

Ese es el breve resumen del drama que vive por estas horas una mujer de la ciudad de Bariloche y cuya identidad prefirió reservar, al saber que deberá afrontar el proceso oral en contra del padre de su hijo el próximo 27 de julio prácticamente sola. Es decir, sin el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal, que, pese a haber estado presente durante toda la etapa de investigación, a sólo un mes del inicio del debate, resolvió que no estará presente con el argumento de que "no hay pruebas" en contra del acusado.

A pesar de todo, la mujer -asesorada por su abogada- resolvieron que se van a presentar a fines de este mes aún cuando saben que sin la presencia de la fiscal, la acusación pierde fuerza. Infobae dialogó con la madre del chico, quien hizo presentaciones ante el jefe de los fiscales de Bariloche, Martín Lozada, para que revean la decisión de desistir de la acusación por parte de la fiscal subrogante Daniela Ortíz.

La denuncia se originó el 10 de mayo de 2023, dos días después de que su hijo, que entonces tenía tres años y medio, le relatara "algunos juegos sexuales" que supuestamente había mantenido con su padre. La madre dijo a Infobae que antes de esa revelación ya observaba crisis de ansiedad y conductas sexualizadas en el menor.

"Hice la denuncia y a partir de que hice la denuncia ahí en mayo 2023 a él lo destituyeron del hogar y ahí mi hijo mayor siguió contándome un montón de otras cosas más que le hacía el papá, lo que tenía que ver con situaciones de abuso. Eran juegos de masturbación, eso me lo dijeron en el hospital porque lo revisaron", contó la madre, quien dijo que el acusado es un reconocido psicólogo de Bariloche identificado como D.E..

Señaló que, tras la denuncia, el hombre fue apartado del hogar. "Nosotros veníamos sospechando ya algunas cosas, o sea, algo le ocurría porque él sufría desmayos, tenía muchas crisis de ansiedad desde los 3 años. No entendía por qué le pasaba lo que le pasaba porque vive en un contexto de familia, no iba a guardería, mi tiempo estaba dedicado a él más allá de mi profesión", dijo.

En ese sentido, contó que tiene un perfil especial, ya que es un gran académico, muy conocido en la ciudad. "Él es psicólogo, es licenciado en Letras, profesor en Letras con medallas de honor. Es profesor universitario también, es técnico en computación", contó. Lo describió como a una persona con una gran capacidad de manipulación.

"Él es un gran intelectual, tiene muchas carreras universitarias, tiene mucho poder intelectual y también poder económico. Después con el tiempo fui viendo que es un psicópata, que es narcisista, pero en ese momento lo admiraba porque tiene un lenguaje muy florido", recordó la mujer.

Aseguró que durante la instrucción aportó información de manera constante sobre lo que su hijo le iba contando, incluido un relato en el que el niño decía que su padre supuestamente lo filmaba o le tomaba fotos de sus genitales. Añadió que la primera evaluación descartó la realización inmediata de una Cámara Gesell por la edad del chico y que esa instancia recién se concretó en 2024, aproximadamente un año después.

El Poder Judicial de Río Negro será quien tenga la última palabra

La causa tuvo un desfile de fiscales. En primer lugar, el expediente estuvo en manos del ex fiscal Martín Govetto, especializado en Violencia de Género. Sin embargo, a finales del 2023, el funcionario se retiró y la causa recayó en en el fiscal el fiscal Gerardo Miranda, hasta que este años, cuando ya se preparaba el juicio, la causa pasó a manos de la fiscal Romina Ortiz.

"Miranda estuvo en proceso de investigación. Llegamos a una cámara Gesell en el 2024. Esa cámara Gesell fue muy mal realizada, fue muy violenta, fue inducida, todo el tiempo preguntando si la mamá le había dicho lo que le tenía que decir, si la mamá le decía lo que tenía que hacer. Estaba muy inducida, más orientada hacia mí y el foco fue muy hacia mí. Durante todo este proceso yo sufrí un montón de violencias en relación a que lo que quieren hacer es como que yo estoy loca o que lo hice por conveniencia", recordó la madre.

Fueron años de lucha, en los que económicamente, la mamá lo perdió casi todo, aunque logró quedarse con la custodia completa tanto de su hijo mayor (la víctima del abuso) como del menor. "Los cuidados están a mi cargo y eso ya está definitivo de la parte de familia. Pero aún seguimos teniendo la responsabilidad parental", indicó.

Las pruebas que había aceptado la Justicia

Finalmente, el 13 de febrero del año pasado, tras la etapa de instrucción que incluyó no sólo la Cámara Gesell, sino la recopilación de otras pruebas como entrevistas psicológicas y estudios médicos, se elevó el caso a juicio oral bajo la acusación abuso sexual agravado. El debate fue aprobado por el juez de Garantías Martín Arroyo.

En la elevación, a la que accedió este medio, se detallan una a una las pruebas que se recopilaron durante la investigación. Allí se detallaba que D.E. habría realizado tocamientos impúdicos a su hijo, aprovechando la convivencia. Para la Fiscalía, en ese momento, estos actos encuadran en el delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo y por cometerse contra un menor de edad con convivencia preexistente, lo que eleva la gravedad penal del caso.

Durante la audiencia se admitieron las pruebas ofrecidas tanto por la fiscalía como por la querella y la defensa, lo que conforma un extenso listado de testigos y elementos documentales. Entre las pruebas centrales figuran los informes de Cámara Gesell.

Entre los testigos propuestos por la fiscalía y la querella se destacaron la propia madre del niño, además de psicólogas, docentes, profesionales médicos y allegados al entorno familiar. Del lado de la defensa, figuran peritos de parte y varias personas allegadas a D.E., incluidos familiares y colegas.

Se incorporaron como evidencia, entre otros documentos, el acta de denuncia penal, informes periciales de la licenciada Andrea Maccione, la doctora Verónica Martínez y la licenciada Silvia Ceballos, actas del Hospital Zonal y un informe integral del Cuerpo de Investigación Forense (CIF). Del mismo modo, se sumaron informes y pericias de los profesionales propuestos por la defensa.

Pese a que ya contaban con el aval del juicio oral, en diciembre pasado, la defensa solicitó una probation con el objetivo de evitar el debate. Luego de varios análisis por parte de la Justicia, la jueza Romina Martini rechazó el pedido y fijó fecha del debate oral para el próximo 27 de julio.

Después, ya con fecha fijada para el debate oral, el Ministerio Público Fiscal dictaminó a favor de la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa. La querella impugnó esa postura y la decisión fue revisada judicialmente.

La jueza Martini concluyó que ese dictamen "no se apoyaba en razones de política criminal, sino en una valoración sobre la fortaleza o debilidad de la prueba, lo que consideró un error en el ejercicio de la discrecionalidad fiscal". También señaló que no se había ponderado de manera adecuada la vulnerabilidad del niño, la solución del conflicto primario ni el estado avanzado del proceso.

El nuevo obstáculo

Unos seis meses después, cuando ya todo estaba listo para el juicio oral, el fiscal Miranda fue removido del expediente y su lugar fue tomado por Ortiz, quien a menos de un mes del comienzo del debate, decidió desistir de la acusación.

"Con esta fiscal empezamos a trabajar el debate. Siempre estuvo el compromiso de acompañar a la querella. No es un caso fácil, sobre todo porque un abuso sexual intrafamiliar de un niño de tres años", dijo la abogada que representa a la madre a Infobae.

"A mí me convoca la fiscal para avisarme que van a desistir de la acción, o sea, de la acusación y que vaya sola. En esa oportunidad querían que yo firme con ellos el desestimiento, como que yo consienta que la fiscalía se aparte", contó la letrada.

"Yo le dije: "ustedes son los responsables de avisar a la mamá esta información, así que corresponde que ustedes se reúnan por respeto también a la víctima y le digan cuáles son las razones por las cuales ustedes no van a ir"", reveló.

La mujer que denunció a su ex vive en Bariloche hace más de 10 años

La urgencia ahora elevar cuanto antes un pedido de revisión tanto al fiscal Jefe Martín Lozada como al juez Arroyo porque en agosto se vencen los tres años que establece el Código Procesal Penal de Río Negro como máximo de tiempo para que una persona esté sometida a proceso. "Si llega agosto, se cae".

Es por eso, que pese a todo, la mamá y su abogada irán solas al debate.

Los argumentos de la Fiscalía para no acusar

En el escrito que la fiscal Ortíz envió al juez Arroyo, al que también accedió este medio, se esgrimió como argumento que "falta de pruebas suficientes, solicitando que se continúe exclusivamente la acusación particular, sin afectar su validez ni los derechos procesales adquiridos".

En ese sentido, concluyó que "no existen actualmente elementos de convicción suficientes para sostener la acusación pública ante el tribunal oral, conforme a los estándares legales y constitucionales vigentes".

"Como es de conocimiento de las partes, en las presentes actuaciones el Ministerio Público Fiscal y la querella particular formularon oportunamente sus respectivas acusaciones, las cuales fueron sometidas al correspondiente control jurisdiccional, resultando admitidas en la audiencia prevista al efecto y disponiéndose la apertura a juicio, encontrándose actualmente fijada la fecha para la realización del debate oral", señaló la fiscal Ortíz, reconociendo que anteriormente el MPF había sostenido la acusación.

A pesar de todo, dio marcha atrás. "Esta representación efectuó un nuevo examen integral del caso, reanalizando la totalidad de la evidencia reunida durante la investigación y el sustento probatorio de la hipótesis acusatoria oportunamente formulada", agregó.

"Este organismo ya no se encuentra en condiciones de afirmar que el cuadro probatorio disponible permita sostener una expectativa razonable de condena conforme a los estándares impuestos por el ordenamiento procesal y constitucional", concluyó. Al finalizar el escrito

Ante esta situación, la querella le pidió a la Procuración que "se disponga un examen integral del desistimiento" de la fiscal Ortíz, que se revoque la decisión por falta de fundamentación y que el legajo sea reasignado a los fiscales que sostuvieron la acusación en la audiencia de control o al funcionario que disponga la jefatura.

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