A Un mes después del femicidio de Agostina Vega, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, reveló que un funcionario municipal recibió una amenaza mafiosa: dos balas sobre su escritorio. La amenaza ocurrió tras la clausura del bar Punta Alvear por parte de la Municipalidad. Este incidente se suma a la conmoción generada por el crimen de la adolescente de 14 años, que involucra al empleado municipal Claudio Barrelier y ha puesto en el punto de mira al bar Wachitas.

Passerini explicó que el presidente del Ente de Fiscalización y Habilitaciones fue amenazado después del cierre de Punta Alvear, un local que, según el intendente, nadie se atrevió a tocar antes de su gestión. El propietario del bar clausurado, que ya está denunciado penalmente, también amenazó al funcionario.

El femicidio de Agostina Vega y los vínculos de Barrelier con Wachitas han provocado una crisis institucional en Córdoba. En respuesta, el municipio creó una unidad ejecutora especial, en colaboración con la Policía y el Ministerio de Seguridad, para inspeccionar bares, boliches y locales nocturnos. El objetivo es revisar más de 7.000 habilitaciones en 90 días para detectar irregularidades, combatir la corrupción y reforzar los controles en un sector históricamente problemático.

La investigación municipal se centra en una presunta red de corrupción entre inspectores y empresarios nocturnos. Passerini informó que 119 agentes municipales han sido exonerados y detenidos por irregularidades, de los cuales 91 ingresaron al Estado entre 2003 y 2007, presuntamente como pago de favores a empresarios. El intendente destacó que muchos de los que se negaron a colaborar están procesados y detenidos, evidenciando la resistencia interna que enfrenta el Ente de Fiscalización. Este organismo ha multiplicado sus clausuras, pasando de 90 a 700 en el último año.

Para evitar que los bares clausurados reabran bajo otros nombres, el Ejecutivo municipal impulsa una reforma de las ordenanzas de Habilitaciones y Espectáculos Públicos. Esta reforma incluirá un registro público y sanciones para los dueños de los negocios y los propietarios de los inmuebles. Passerini concluyó que esta es la oportunidad para poner fin a años de impunidad.