El abogado de Tony Janzen Valverde Victoriano solicitó la inconstitucionalidad del régimen de aislamiento en el penal y exigió videollamadas hacia el exterior. Además, cuestionó la validez de las pruebas por el triple crimen de Florencio Varela.
La defensa de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J" y principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela, presentó recursos clave ante la Justicia Federal.
Su abogado, Lucas Contreras Alderete, llevó adelante una doble estrategia judicial: el miércoles apeló el procesamiento y el embargo de mil millones de pesos, mientras que ayer interpuso un hábeas corpus en el que denunció "condiciones inhumanas de encierro" para su defendido.
Según pudo saber TN, la queja principal sobre la situación de Valverde Victoriano apunta contra el estricto aislamiento que vive en el penal de Marcos Paz. La defensa sostiene que el régimen que lo mantiene encerrado en una celda individual y sin contacto con nadie equivale a una situación de "tortura y violencia institucional".
"Estos hechos de aislamiento e incomunicación pretenden aplicar un daño excesivo e inconmensurable, transgrediendo así el límite tolerable de dolor que conlleva implícita la pena de encierro", indica el escrito.
Por este motivo, el abogado solicitó que se ordene su inmediata libertad por la ilegalidad del encierro y, en caso de que no se la concedan, exigió que lo trasladen de penal o que le permitan hacer videollamadas con su madre y su hermana en Perú al menos dos veces por semana.
En la apelación, la defensa cuestionó la validez del procesamiento dictado por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez,titular del Juzgado Federal N°2 de Morón.
Según sostuvo, la resolución contiene una "imputación genérica y precaria" que no logra individualizar cuál habría sido la participación concreta de Valverde Victoriano en los hechos investigados.
El abogado argumentó que el fallo lo presenta como integrante de una organización criminal y le atribuye haber realizado "aportes esenciales" al plan que terminó con el asesinato de las tres jóvenes, pero sin precisar qué acciones específicas habría llevado adelante, en qué momento ocurrieron ni cuáles son las pruebas objetivas que permiten sostener esa acusación.
Otro de los puntos centrales del recurso apunta contra la valoración de la prueba. La defensa afirmó que el procesamiento se apoya principalmente en testimonios que presentan contradicciones y que carecen de corroboración externa suficiente para vincular al acusado con los crímenes.
En ese sentido, señaló que no existen registros materiales, comunicaciones ni otros elementos objetivos que permitan ubicar de manera concluyente a "Pequeño J" en el lugar de los hechos o acreditar que participó de la planificación, el traslado, el cautiverio o el asesinato de las víctimas.
Por todos estos argumentos, la defensa pidió que la Cámara Federal revoque el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo de mil millones de pesos que pesan sobre Valverde Victoriano.
"Pequeño J" está imputado por "homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género". La Justicia lo señala como uno de los responsables detrás de los asesinatos de Lara Gutiérrez, de 15 años; Brenda del Castillo, de 20; y Morena Verdi, también de 20.
Después de que se dieran a conocer los crímenes, Valverde se fugó del conurbano bonaerense. Más de diez días después fue detenido en Pucusana, una localidad ubicada al sur de Lima, tras una intensa búsqueda internacional.

Tras sufrir complicaciones de salud al finalizar el último partido de Universidad de Chile, el director técnico del equipo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.