Julio Omar Calívar, conocido por su éxito en el negocio de venta de motos que lo posicionó como líder en la provincia de San Juan, fue finalmente capturado en Santiago de Chile, donde se encontraba viviendo. El hombre, de 65 años, había desaparecido antes de que la Policía y la Justicia pudieran allanar su casa por graves denuncias de abuso sexual que tienen como víctimas a dos parientes y una niña, hija de matrimonio amigo.

La captura de Calívar, que era buscado por Interpol generó una "revolución en la Unidad Conclusiva de Causas" a raíz de lo complejo del caso y porque pasaron seis años. El empresario, dueño de Full Time Motos, era buscado por Interpol desde mayo de 2019. En su momento quien no le dio la exhimición de prisión y ordenó su detención fue en aquel entonces el juez del Quinto de Instrucción, Benedicto Correa, actual magistrado de impugnación. 

Quien actuaba como fiscal, aunque no con tanto peso como ahora (los fiscales tienen a cargo la persecución penal), fue Claudia Salica, actual fiscal coordinadora de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

El vendedor de motos desapareció tras ser denunciado por un matrimonio amigo. Su hija, de 12 años les confesó que Calivar la había manoseado y había tenido "acercamientos indebidos". Esto sucedió durante una reunión entre el grupo familiar y el empresario. Luego la pequeña víctima ratificaría los hechos en Cámara Gesell.

Luego, dos jóvenes parientes suyas, ambas mayores de 20 años, lo acusan de haberlas violado. Según sus testimonios en una Fiscalía a cargo provisoriamente en aquel entonces por Ana Lía Larrea, actual jueza, fueron víctimas de múltiples prácticas sexuales a manos de su poderoso pariente a lo largo de varios años. Estas prácticas incluyeron el acceso carnal, catalogado como uno de los delitos más graves contra la integridad y la libertad sexual.

Una de las denunciantes aseguró tener un hijo producto de una violación cometida por Calívar. Esta joven estaba dispuesta a realizar el cotejo de ADN correspondiente para probar la veracidad de su declaración.

Ante la gravedad de las acusaciones, la fiscal Larrea solicitó en aquel tiempo diversas medidas de prueba, incluyendo informes psicológicos para las denunciantes, con el objetivo de detectar si existe fabulación o si presentan indicadores de conducta habituales en víctimas de experiencias sexuales violentas y traumáticas. Asimismo, se solicitó el esperado cotejo genético entre el sospechoso y el niño de una de las denunciantes. La fiscal también pidió al juez Alberto Benito Ortiz (fallecido) que las nuevas denuncias se acumulen en una única causa en el Quinto Juzgado de Instrucción, el mismo que dirige el juez Correa.