Policiales Explotación sexual

Entregó a su hermana menor por dinero en Rivadavia y la justicia dictó su prisión preventiva 

Se trata de una mujer de 40 años que fue detenida en el norte del país y que, en marzo de este año, fue condenada en Mendoza por un caso similar. El hecho ocurrió en Rivadavia.

Viernes, 5 de Setiembre de 2025

Una mujer de 40 años fue procesada y se le dictó la prisión preventiva, en una una investigación en la que se la acusa de entregar a su hermana menor de edad a un hombre para que mantuviera relaciones sexuales a cambio de dinero, en un caso de trata de personas que se desarrolló en el seno familiar en una propiedad de Rivadavia, en el Este provincial.

La procesada, quien ya cumple una condena de 10 años por hechos similares, vio frustrado su intento de recuperar la libertad cuando los camaristas rechazaron el recurso de apelación presentado por su defensa.

Los magistrados Manuel Alberto Pizarro, Juan Ignacio Pérez Curci y Gustavo Enrique Castiñeira de Dios consideraron que existen elementos suficientes en esta etapa del proceso para sostener la acusación que pesa sobre ella.

La investigación tiene su base en marzo del 2022, cuando durante el desarrollo de otra causa judicial se reveló que la víctima, hermana menor de la acusada, había sido entregada para explotación sexual. Según la instrucción, su hermana mayor habría aprovechado su posición de autoridad y el estado de vulnerabilidad para entregarla a un hombre mayor, obteniendo un beneficio económico por estas transacciones.

El caso presenta características particularmente aberrantes, ya que como consecuencia del abuso sexual la menor quedó embarazada, detallaron fuentes judiciales, y tanto la acusada como su madre habrían presionado a la víctima para que se practicara un aborto. La joven, quien supera actualmente los 20 años, se negó y dio a luz en 2013 en el Hospital Carlos Saporiti de Rivadavia, manteniendo a su hijo pese a las presiones familiares.

Lo que agravó significativamente la situación de la mujer acusada fueron sus antecedentes penales recientes, luego de su captura en la provincia de Corrientes a mediados del 2024.

En marzo de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza la condenó a una década de prisión por haber sometido a explotación sexual a otra hermana, en hechos ocurridos entre 2013 y 2017. Esta condena previa la ubicó en condición de eventual reincidencia, factor determinante para mantener su detención luego de la reciente apelación a su procesamiento, entendieron los jueces.

La defensa de la imputada había apelado la resolución del juez de primera instancia a principios de mayo, argumentando que la resolución era "arbitraria" y se basaba en "inferencias y conjeturas" sin pruebas suficientes. Además, pidió el sobreseimiento de su defendida o, subsidiariamente, la inmediata libertad. Sin embargo, la estrategia defensiva fracasó ante la solidez de los elementos probatorios reunidos.

Los jueces de Cámara fueron contundentes al rechazar los planteos defensivos. El tribunal destacó que, si bien existen ciertas contradicciones y dudas respecto al modo en que acontecieron los hechos, en esta etapa procesal basta con elementos de convicción suficientes para orientar el proceso hacia la acusación.

La conducta de la sospechosa fue encuadrada en el delito de trata de personas con fines de explotación con las agravantes por tratarse de la hermana de la víctima y por haber abusado de una situación de vulnerabilidad. Los magistrados explicaron que este delito no solo protege la libertad ambulatoria, sino fundamentalmente la libertad de autodeterminación y la dignidad humana.

Un elemento que pesó en la decisión de mantener la prisión preventiva fue la posición de la propia víctima, tal como se destaca en el fallo. Según informó la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del Delito de Trata de Personas, la chica manifestó expresamente que no estaba de acuerdo con que le otorgaran la libertad a la acusada "ya que no quiere tenerla cerca".

Así las cosas, la Cámara evaluó diversos factores para confirmar la medida de coerción: la gravedad del delito imputado, la imposibilidad de una eventual condena, y especialmente la posibilidad de que sea declarada reincidente por estar purgando una pena por hechos similares. Estos elementos configuraron, según los jueces, un claro riesgo de fuga que justifica la prisión preventiva.