El juez, Roberto Montilla, de un tribunal de la provincia de San Juan cerró, por ahora, la polémica sobre el estado de imputabilidad de una mujer de 32 años y madre de un niño, investigada por cometer abusos simples contra un niño de 13 años. Resolvió que es imputable a pesar de tener un coeficiente intelectual de 35 (se entiende que desde 70 una persona no sufre discapacidad intelectual), es decir que comprende cuándo un hecho está bien o no y tiene la autonomía en su voluntad para guiar sus actos en la vida diaria.

La decisión del juez ocurrió luego de escuchar a un médico psiquiatra y una psicóloga del Poder Judicial, que atestiguaron sobre su conclusión de que tiene la capacidad cognitiva para comprender la criminalidad de sus actos y la voluntad suficiente para dirigir sus acciones. Además, aseguraron que no es peligrosa para si misma o para terceros.

La definición del juez significó un adhesión al equipo fiscal de la UFI ANIVI, ayer representado por Nahuel Ibazeta y Rocío Toledo, quienes pidieron 3 meses de prisión preventiva para la sospechosa. El magistrado, sin embargo, resolvió que pase solo un mes con encierro en la casa de su madre.

A la audiencia de ayer, el magistrado había citado a otro médico psiquiatra y otra psicóloga, también del Poder Judicial, que habían sacado una conclusión distinta (dijeron que es inimputable) en otra causa que involucra a la misma mujer, pero como presunta víctima de un abuso sexual. Sin embargo esos profesionales no asistieron.

Esos informes, más un certificado de discapacidad emitido por un psiquiatra del Ministerio de Salud del Gobierno, fueron parte de los argumentos del defensor oficial, Marcelo Salinas Weber, para solicitar que su defendida sea declarada inimputable y liberada.

También se opuso al pedido de encierro con durísimos argumentos: 'La prisión preventiva es una patología en el sistema procesal penal sanjuanino, porque esencialmente va en contra del principio de inocencia y el de igualdad de las partes. Es ilegítima, porque se convierte en una pena anticipada y eso contraviene principios constitucionales', dijo el letrado, que buscará ante un Tribunal de Impugnación que su defendida sea declarada inimputable.

La mujer en cuestión fue denunciada por quien era su cuñada el 7 de abril pasado. La denunciante dijo que tres semanas antes, había sorprendido a su cuñada con su hijo semidesnudo en un cañaveral. Que escuchó darle instrucciones al menor de lo que tenía que decir y además la coaccionó: 'Si me denunciás te mato'.

A partir de ese momento, Fiscalía pidió que el menor declarara (ya dijo que la mujer tocó sus genitales) y que ella sea examinada nuevamente por una junta interdisciplinaria para saber si era o no imputable. El juez autorizó esas medidas y ordenó a la sospechosa no acercarse ni molestar al menor, pero el pasado miércoles la encontraron en la misma casa donde vive el chico. Por eso es que además del presunto abuso al menor y la coacción a su madre le atribuyen el incumplimiento a una orden judicial.

'Voy a declarar porque quiero estar con mi hijo, quiero terminar con todo esto. Yo me estaba bañando cuando él (el menor) se metió y me tocó las partes íntimas. Le dije que se fuera afuera, pero yo no le hice nada', dijo la mujer, que en ningún momento paró de llorar y se mostró agradecida de volver a casa: 'voy a cumplir todo', remarcó, cuando el juez le aclaró que durante un mes no podrá salir, porque la policía podría llegar de sorpresa y pasará al Penal de Chimbas si acaso no la encontraran en la vivienda.