Diecinueve documentos peruanos de gran valor histórico y que estaban por ser vendidos fueron recuperados por personal de la Dirección General de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) durante un operativo realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La causa se originó a partir de una denuncia efectuada por el representante de la Embajada del Perú en la Argentina "que daba cuenta acerca de varios textos relacionados al Fondo Real de Hacienda del Archivo General de la Nación peruana, protegidos por la legislación de ese país, que estarían siendo ofrecidos ilegalmente a través de reconocidas plataformas de compra y venta en internet".

Desde la PFA informaron que, frente a dicha denuncia, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº4, a cargo de Ariel Oscar Lijo, ordenó a los efectivos del Departamento Protección del Patrimonio Cultural de dicha fuerza que realice las tareas de investigación pertinentes con la finalidad de localizar los documentos e identificar al vendedor.

Con el avance de la pesquisa se logró constatar que dichos documentos "fueron extraídos ilegalmente de Perú y que resultan de alto valor testimonial e histórico, ya que los mismos datan de los años 1866 y 1868".

Las autoridades explicaron que se tratan de "escrituras de venta, testamento y fianza pertenecientes a los pueblos originarios Huacho y Pativilca, que eran parte de la Provincia peruana de Chancay en aquel momento".

Asimismo, se pudo establecer que los documentos se encontraban en exposición en un local de filatelia (afición por coleccionar y clasificar) ubicado en el barrio porteño de San Nicolás.

Su dueño, un coleccionista de nacionalidad argentina, sería el principal responsable de la comercialización ilegal de esos artículos.

Con el total de las pruebas aportadas, el magistrado interventor ordenó que se realice una orden de presentación en el mencionado comercio ubicado sobre la calle Maipú al 400, donde se logró el decomiso de 19 folios manuscritos, los cuales se encuentran tutelados por la Ley 15.930 que regula el funcionamiento del Archivo General de la Nación (AGN).

"El comerciante fue notificado de la causa y los escritos recuperados fueron trasladados a depósitos especialmente acondicionados de la dependencia actuante, quedando a disposición del tribunal interventor hasta que se disponga su entrega a las autoridades peruanas", añadieron.

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