Los sindicatos educativos realizan un cese de actividades y protestas en todo el territorio argentino tras el femicidio de la maestra en Corrientes. En Mendoza, el SUTE convocó a las 19.00hs a la Legilsatura para acompañar el pedido de justicia.
El femicidio de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años hallada muerta en la localidad correntina de Esquina, desencadenó una contundente respuesta gremial a escala federal. Organizaciones sindicales de base agrupadas en la CGT (UDA, CEA y AMET) llevan adelante un paro nacional y jornada de duelo con concentraciones masivas en distintos distritos para repudiar el hecho y denunciar la vulnerabilidad extrema en la que desarrollan sus tareas los educadores de parajes rurales aislados.
En el plano local, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) oficializó su adhesión activa a la jornada de luto promovida por CTERA y la CTA de los Trabajadores. El sindicato mendocino convocó a la docencia y a la comunidad en general a concentrarse este 29 de octubre a partir de las 19 horas frente a la Legislatura de Mendoza, donde se dará lectura a un documento conjunto que exige el esclarecimiento integral del crimen, salarios dignos y garantías efectivas de seguridad laboral en las escuelas públicas de todo el país.
Las movilizaciones tienen réplicas centrales en la provincia donde ocurrió el ataque: una multitud de colegas y vecinos marchó por el centro de Esquina, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) instaló una vigilia de protesta frente a la Casa de la Provincia de Corrientes para reclamar celeridad judicial y perspectiva de género en la recolección de pruebas.
La maestra prestaba servicios como suplente desde hacía solo dos meses en la Escuela Rural N° 626, emplazada dentro del establecimiento agropecuario El Curupí. De acuerdo con testimonios y constancias administrativas, el pasado 15 de agosto Godoy había elevado una nota a las autoridades educativas alertando sobre el estado de “abandono total” del inmueble escolar, describiendo la falta absoluta de provisión de agua potable y graves deterioros edilicios que ella misma debió subsanar a pulmón para recibir a sus alumnos.
El trayecto diario de la víctima implicaba extensos traslados a caballo por caminos intransitables y áreas desprovistas de cobertura de telefonía móvil, condiciones geográficas que complicaron tanto las alertas tempranas como el posterior despliegue de los rastrillajes policiales luego de que se denunciara su desaparición el 7 de octubre.
Tras 21 días de búsqueda, dos efectivos policiales a caballo localizaron el cuerpo de la docente semisumergido en un potrero, a unos 15 kilómetros de la escuela donde dictaba clases. La fiscalía encabezada por Javier Mosquera ordenó peritajes planimétricos y estudios forenses de rigor para establecer si el ataque se perpetró en ese sector o si se trató de una escena secundaria para ocultar el cadáver.
La causa penal mantiene a cinco personas bajo prisión preventiva. La acusación principal por homicidio calificado por mediar violencia de género (femicidio) pesa sobre Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia. Asimismo, se encuentran procesados por encubrimiento agravado los peones Felipe Sandoval y Nahuel Rojas junto a la puestera Rosa Leguizamón, en tanto que Ernesto Ezequiel Bordón permanece privado de la libertad imputado por falso testimonio.