En busca de la verdad
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Los mendocinos que tengan inconvenientes con compras, contrataciones de servicios, entidades bancarias o empresas pueden recurrir a la Justicia sin necesidad de contratar un abogado
La titular de la Oficina de Pequeñas Causas y Consumo, Karina Mariela Ginestar, explicó en MNews Radio, de El Observador Mendoza, cómo funciona el sistema que permite realizar reclamos judiciales sin costo. Advirtió sobre las estafas virtuales, los cobros indebidos de bancos y los problemas para dar de baja servicios.
Los mendocinos que tengan inconvenientes con compras, contrataciones de servicios, entidades bancarias o empresas pueden recurrir a la Justicia sin necesidad de contratar un abogado. Se trata de un mecanismo gratuito destinado a resolver conflictos de consumo por montos reducidos, con procedimientos más ágiles que los habituales.
Durante una entrevista con MNews Radio, de El Observador Mendoza, la doctora Karina Mariela Ginestar, titular de la Oficina de Pequeñas Causas y Consumo, explicó los alcances de este servicio judicial y brindó recomendaciones para evitar estafas y problemas frecuentes en las relaciones comerciales.
La funcionaria destacó que Mendoza fue pionera a nivel nacional en implementar este sistema, que busca facilitar el acceso a la Justicia para aquellas personas que no cuentan con recursos económicos para afrontar los honorarios de un abogado.
Actualmente, se pueden presentar reclamos de hasta aproximadamente $3.200.000, un límite que, según anticipó, se actualizará a partir del 1 de enero.
La Oficina de Pequeñas Causas y Consumo funciona desde hace 11 años y recibe actualmente más de 110 consultas diarias.
De acuerdo con Ginestar, los conflictos se resuelven generalmente en un plazo de entre 45 y 60 días hábiles. Además, aseguró que el organismo alcanza un 95% de acuerdos de resolución positiva dentro de ese período.
El procedimiento no consiste en una simple denuncia administrativa, sino en el inicio de una acción judicial que busca resolver el conflicto mediante una instancia de negociación entre el consumidor y la empresa involucrada.
Para presentar el reclamo, es necesario contar con documentación que permita demostrar la contratación, el incumplimiento o el daño ocasionado.
La funcionaria explicó que el sistema contempla la intervención de un negociador, quien escucha a las partes, analiza las pruebas y puede proponer alternativas para alcanzar un acuerdo.
Entre las situaciones que pueden abordarse se encuentran las compras por internet, los incumplimientos contractuales, los cobros indebidos, los inconvenientes con servicios turísticos y determinados conflictos entre vecinos.
La oficina se encuentra en avenida España 480, primer piso, oficina 16, en el edificio del Poder Judicial de Mendoza. La atención se realiza de lunes a viernes.
Uno de los principales problemas que llegan a la Justicia de Pequeñas Causas está relacionado con los bancos.
Según Ginestar, son habituales los reclamos por seguros que se incorporan a préstamos o paquetes bancarios sin que los clientes comprendan completamente las condiciones de contratación.
También se registran inconvenientes con servicios de internet y suscripciones que continúan generando cargos incluso después de que los usuarios solicitan la baja.
La funcionaria recordó que las empresas que ofrecen contrataciones digitales deben facilitar mecanismos para cancelar los servicios.
En los casos en que una compañía continúa cobrando después de haberse solicitado la cancelación, resulta fundamental contar con comprobantes que acrediten el trámite.
Por eso, recomendó solicitar siempre un número de reclamo, una constancia escrita o un correo electrónico que confirme la baja.
La documentación puede resultar determinante si el conflicto llega a una instancia judicial.
Durante la entrevista también se abordó la posibilidad de frenar los débitos automáticos de servicios que el consumidor ya no desea mantener.
Ginestar explicó que, cuando una persona cuenta con constancia de haber solicitado la baja de una contratación, puede pedir al banco un stop debit para impedir que continúen los descuentos automáticos.
Además, señaló que existen situaciones en las que los clientes solicitan cancelar seguros o paquetes de beneficios, pero las entidades mantienen los cargos.
En algunos casos, estos cobros pueden generar deudas que posteriormente afectan el historial crediticio de los consumidores.
La especialista insistió en la importancia de conservar los comprobantes de cada gestión, ya que permiten demostrar que el usuario intentó resolver el problema antes de acudir a la Justicia.
Cuando corresponde, el reclamo puede incluir la devolución de los importes cobrados indebidamente, con los intereses correspondientes.
Otro de los temas centrales fue el crecimiento de las estafas relacionadas con las compras a través de redes sociales.
Ginestar recomendó tomar precauciones al adquirir productos mediante Instagram o Facebook Marketplace, especialmente cuando se trata de vendedores que no cuentan con un comercio identificable ni emiten facturas.
La funcionaria advirtió que estas operaciones pueden dificultar la identificación del proveedor y la posibilidad de efectuar un reclamo posterior.
En cambio, destacó la importancia de utilizar sitios oficiales y plataformas comerciales que cuenten con mecanismos de protección al comprador.
También aconsejó priorizar negocios que tengan un domicilio físico donde sea posible realizar consultas o presentar reclamos.
Cuando una operación constituye una presunta estafa, corresponde realizar la denuncia ante las autoridades penales competentes.
En determinadas circunstancias, especialmente cuando se trata de consumidores en situación de hipervulnerabilidad, también puede intervenir la Oficina de Pequeñas Causas y Consumo para analizar un reclamo por daños y perjuicios.
La titular del organismo también brindó recomendaciones para quienes detectan operaciones que no realizaron en sus tarjetas de crédito.
En estos casos, recordó la importancia de revisar los resúmenes y presentar el desconocimiento de la operación ante la entidad financiera dentro de los plazos establecidos.
Ginestar mencionó un plazo de 30 días para efectuar el reclamo por consumos desconocidos, por lo que recomendó actuar rápidamente y conservar las constancias de la gestión.
Además, señaló que las personas afectadas por maniobras fraudulentas pueden realizar una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, mediante los canales habilitados.
La funcionaria prestó especial atención a las situaciones que involucran a jubilados y otros consumidores vulnerables, quienes pueden enfrentar mayores dificultades frente a las estafas digitales.
En relación con las billeteras virtuales, recomendó extremar las medidas de seguridad y verificar las condiciones de cada plataforma antes de realizar operaciones.
Los incumplimientos relacionados con agencias de turismo también representan una parte de los reclamos recibidos.
Ginestar explicó que pueden presentarse conflictos cuando los servicios contratados no coinciden con lo ofrecido, se cancelan viajes o aparecen problemas con hoteles, traslados y vuelos.
En particular, advirtió sobre las contrataciones grupales de viajes y fiestas de egresados.
La especialista recomendó que cada familia cuente con documentación individual que acredite la contratación del servicio y los pagos realizados.
De esta manera, ante un incumplimiento, cada consumidor tendrá mayores posibilidades de demostrar su vínculo contractual con la empresa.
También insistió en solicitar facturas, recibos y comprobantes, incluso cuando la contratación se realice a través de representantes de un grupo de padres.
Hacia el final de la entrevista, Ginestar se refirió a los inconvenientes asociados con los planes de ahorro para adquirir vehículos.
La funcionaria explicó que estas contrataciones suelen involucrar a diferentes actores, como concesionarias, administradoras y fabricantes, lo que puede complicar la identificación de responsabilidades cuando surge un conflicto.
También advirtió que muchas personas encuentran dificultades para abandonar los planes después de haber pagado varias cuotas.
En algunos casos, las condiciones contractuales establecen que la devolución de los fondos debe esperar hasta la finalización del grupo de ahorro, además de contemplar distintos descuentos y gastos administrativos.
Por ese motivo, recomendó analizar cuidadosamente las cláusulas antes de firmar.
"Fíjese, averigüe, infórmese, porque después nos metemos en una maraña que cuando queremos salir no podemos", advirtió.
La funcionaria aclaró que los reclamos vinculados con vehículos de valores elevados pueden superar la competencia económica de la Oficina de Pequeñas Causas, por lo que en esas circunstancias puede ser necesario recurrir a un abogado.
Finalmente, Ginestar destacó la importancia de que los consumidores conozcan sus derechos y utilicen los mecanismos disponibles para reclamar frente a incumplimientos comerciales.
La titular de la Oficina de Pequeñas Causas y Consumo remarcó que el objetivo del organismo es acercar la Justicia a los ciudadanos y facilitar la resolución de conflictos cotidianos que, por sus costos o complejidad, muchas veces quedan sin respuesta.
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