El abogado Guillermo Pouch explicó en MNews Radio, El Observador Mendoza, los principales cambios que introduce la Ley de Modernización Laboral. Las empresas deberán constituir una reserva para afrontar futuras desvinculaciones, aunque el mecanismo no eliminará los juicios laborales ni las obligaciones de los empleadores.

A partir del 1 de noviembre comenzará a implementarse el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo contemplado en la Ley de Modernización Laboral 27.802 que busca modificar la forma en que las empresas privadas afrontan los costos de las indemnizaciones por despido.

En una entrevista con MNews Radio, El Observador Mendoza, el abogado especialista Guillermo Pouch explicó que el sistema permitirá a los empleadores destinar una parte de los recursos vinculados a su nómina salarial a un fondo administrado por terceros. Ese dinero quedará reservado para cubrir futuras obligaciones indemnizatorias.

Según el especialista, la iniciativa persigue dos objetivos principales: reducir el impacto económico de las desvinculaciones sobre las empresas y canalizar recursos hacia el mercado de capitales, donde podrán invertirse para generar rendimientos.

Cómo funcionará el Fondo de Asistencia Laboral

El nuevo mecanismo establece que los empleadores privados alcanzados deberán realizar aportes periódicos a una cuenta destinada exclusivamente al pago de indemnizaciones laborales.

Pouch explicó que parte de los recursos que anteriormente se transferían al Estado pasarán a integrar esta reserva, que será administrada por una entidad especializada.

El dinero acumulado podrá invertirse en el mercado financiero para obtener rendimientos y aumentar los recursos disponibles ante una eventual desvinculación.

De esta manera, las empresas podrán contar con una previsión económica para afrontar obligaciones laborales que, de otro modo, deberían cubrir directamente con su capital al momento del despido.

Sin embargo, el fondo no funcionará como un seguro que garantice el pago de cualquier indemnización, ya que su capacidad estará limitada al dinero efectivamente acumulado.

Qué pasa si el dinero del fondo no alcanza para pagar una indemnización

Uno de los puntos que aclaró el abogado durante la entrevista es que la existencia del FAL no libera a las empresas de sus responsabilidades frente a los trabajadores.

Si una compañía debe pagar una indemnización superior al dinero disponible en su cuenta, tendrá que afrontar la diferencia con recursos propios.

Por lo tanto, el sistema permitirá disminuir el impacto financiero de una desvinculación, pero no trasladará completamente esa obligación a las entidades administradoras.

Pouch consideró que el mecanismo puede resultar favorable para la planificación económica de las empresas, especialmente porque permitirá acumular una reserva específica para contingencias laborales.

Cuánto deberán aportar las empresas al nuevo fondo

La Ley de Modernización Laboral establece diferentes porcentajes de contribución según el tamaño de la empresa:

- Micro, pequeñas y medianas empresas: 2,5% de las remuneraciones utilizadas para calcular las contribuciones patronales.

- Grandes empresas: 1% sobre la misma base salarial.

Los aportes se realizarán mensualmente y serán canalizados a través de ARCA. El régimen comenzará a regir el 1 de noviembre de 2026. 

Durante la entrevista, Pouch señaló que el sistema busca reducir parte de los costos laborales al redirigir recursos que anteriormente se destinaban al Estado.

¿El Fondo de Asistencia Laboral evitará los juicios por despido?

El abogado advirtió que la creación del fondo no implica una reducción automática de los conflictos judiciales entre trabajadores y empleadores.

"Esto no lo viene a evitar. Esto lo que te viene a atemperar un poco es el impacto que tienen las indemnizaciones", explicó Pouch al referirse a la posibilidad de disminuir los litigios laborales.

En ese sentido, sostuvo que las causas que originan los conflictos judiciales responden a otras cuestiones y que disponer de una reserva económica no modifica necesariamente esa situación.

Por lo tanto, un trabajador que considere que su desvinculación fue irregular podrá continuar realizando los reclamos correspondientes, independientemente de que su empleador cuente con recursos acumulados en el FAL.

La propia Ley 27.802 establece que este mecanismo no modifica ni reemplaza el régimen indemnizatorio vigente. 

Quién administrará el dinero de las indemnizaciones

Otro aspecto abordado durante la entrevista fue el funcionamiento de las entidades encargadas de administrar los fondos.

Pouch explicó que los empleadores podrán seleccionar una administradora habilitada para gestionar los recursos. En caso de no realizar esa elección, el sistema contempla la asignación de una entidad.

El dinero podrá destinarse a inversiones financieras, con el propósito de obtener rendimientos que incrementen la reserva disponible.

Sin embargo, las empresas no podrán utilizar esos recursos para gastos habituales, compra de maquinaria u otras inversiones vinculadas con su actividad comercial, ya que estarán afectados específicamente al cumplimiento de obligaciones laborales.

¿El nuevo sistema incentivará la contratación de trabajadores?

Respecto de la posibilidad de que el FAL favorezca la creación de empleo, Pouch consideró que sus efectos podrían ser limitados.

El especialista explicó que disponer de dinero reservado para futuras indemnizaciones puede mejorar la planificación financiera de las empresas, pero no necesariamente elimina las preocupaciones relacionadas con la contratación de personal.

Según su análisis, mientras persistan los factores que generan litigios laborales, la existencia del fondo no representará por sí sola una solución a ese problema.

De esta manera, el principal efecto del nuevo mecanismo será permitir que los empleadores acumulen recursos para afrontar indemnizaciones de manera más previsible, sin modificar el derecho de los trabajadores a reclamar ni la obligación de las empresas de responder por los montos que correspondan.

La implementación comenzará el 1 de noviembre y supondrá un nuevo esquema de administración de recursos para los empleadores privados alcanzados por la reforma laboral.