En busca de la verdad
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La Dirección de Defensa del Consumidor puso en marcha la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo para asistir a personas con dificultades financieras.
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El Gobierno de Mendoza creó una oficina destinada a asistir a consumidores que atraviesen dificultades económicas y necesiten reorganizar sus deudas. La medida estará enfocada principalmente en familias cuyos compromisos financieros representen una parte significativa de sus ingresos.
La iniciativa estará a cargo de la Dirección de Defensa del Consumidor y fue oficializada este lunes mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. El nuevo organismo llevará el nombre de Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC).
Su objetivo será intervenir en situaciones de sobreendeudamiento relacionadas con consumos personales o familiares y generar una instancia para intentar alcanzar acuerdos entre los consumidores y sus acreedores.
El procedimiento será administrativo, prejudicial, gratuito y voluntario, tanto para la persona que solicite la intervención como para las otras partes involucradas.
Podrán recurrir a la OCDC las personas con domicilio real en Mendoza que hayan contraído deudas de consumo con entidades financieras o no financieras y atraviesen una situación grave, o próxima, de insolvencia personal o familiar.
La normativa establece un parámetro para determinar esos casos. Se considerará que existe una situación comprometida cuando las obligaciones financieras superen el 30% de los ingresos mensuales netos del grupo familiar conviviente.
El porcentaje se reducirá al 25% para hogares considerados de especial vulnerabilidad social. Dentro de esta categoría se incluyen, entre otros, aquellos integrados por menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados o pensionados que perciban el haber mínimo, desempleados, beneficiarios de programas sociales y trabajadores informales.
La oficina podrá intervenir sobre obligaciones provenientes de tarjetas de crédito, préstamos personales, financiación comercial y créditos otorgados para consumo.
También estarán contempladas las deudas contraídas con proveedores no financieros, plataformas financieras digitales autorizadas, mutuales, cooperativas y otras modalidades legales de financiación destinadas al consumo.
Los procedimientos podrán involucrar a bancos y entidades financieras, emisores bancarios y no bancarios de tarjetas de crédito, fideicomisos financieros, cesionarios de créditos y empresas o personas que otorguen habitualmente financiación para consumo.
La resolución también establece una serie de exclusiones. La OCDC no podrá intervenir sobre deudas hipotecarias, obligaciones alimentarias, multas o sanciones penales, ni sobre compromisos originados en actividades empresariales o comerciales que no estén relacionados con el consumo familiar.
Tampoco podrán ingresar al procedimiento aquellas personas cuyo capital adeudado, considerado en conjunto, supere el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de realizar la solicitud.
Junto con el mecanismo de reestructuración, la Provincia buscará reforzar la prevención del sobreendeudamiento.
Para ello, Defensa del Consumidor y la Dirección General de Escuelas (DGE) deberán impulsar programas de educación financiera y consumo responsable.
La participación en estas instancias será obligatoria para los consumidores que soliciten una Mediación de Reestructuración de Deudas de Consumo, con el objetivo de brindar herramientas para mejorar la administración de los ingresos y prevenir nuevas situaciones de endeudamiento excesivo.
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