La resolución judicial no dejó margen para interpretaciones: el último martes quedó plenamente ratificada la medida cautelar originada el pasado 17 de abril de 2026, la cual ordena el cese inmediato de cualquier obstáculo sobre el callejón Las Acacias Sur, en Chacras de Coria. Sin embargo, a metros de las propiedades de mayor cotización de Luján de Cuyo, las decisiones judiciales chocan contra un escenario recurrente: agua estancada, barro, pozos ( todo esto con el peligro de contaminación, incubación de enfermedades y accidentes) e inmovilidad institucional.

En las últimas horas, el sector volvió a quedar completamente anegado. Mientras el agua de riego desbordaría ante la aparente pasividad del Departamento General de Irrigación y de la propia comuna lujanina, vecinos de la zona denuncian presuntas maniobras intencionales de taponamiento de cauces y apertura de zanjas y pozos que ya habrían causado más de un accidente. El resultado es un cuadro de intransitabilidad y riesgo sanitario que mantendría a más de 25 familias del barrio Recoleta Country en un virtual encierro.

La parálisis del Estado: Luján de Cuyo e Irrigación, bajo la lupa

Ni la vigencia del decreto municipal 2.627/21 -que consagra la servidumbre de paso desde hace más de cuatro décadas- ni la ratificación de la cautelar del 17 de abril de 2026 se habrían traducido en acciones concretas por parte de la Municipalidad de Luján de Cuyo.

Lejos de ejecutar la manda judicial de reapertura y despeje del trazo, la comuna exhibiría una parálisis que genera suspicacias. Voceros extraoficiales habrían deslizado que existiría reticencia y temor entre los propios operarios viales frente a episodios de hostilidad y agresiones verbales atribuidas al ocupante de la traza, circunstancias que en ocasiones anteriores habrían requerido la presencia de efectivos de Infantería policial para llevar adelante tareas de nivelación.

A este cuadro se sumaría la inacción del Departamento General de Irrigación. Pese a los reiterados reclamos por supuestos desvíos de caudales y el presunto cegado de acequias que colapsan el callejón, el organismo fiscalizador del agua aún no habría efectivizado sanciones ni regularizado el curso del recurso hídrico, agravando la situación de los frentistas, mas el volcamiento de agua desde las casas de los responsables de tamaño desastre, entre los que figuran funcionarios públicos y judiciales. 

José Flamarique: bajo sospecha judicial y cuestionamientos laborales

En el foco de la controversia se ubica el frentista José Flamarique (hijo de Alberto Flamarique, el exministro de De la Rúa), quien se desempeñaría -o revestiría antecedentes de vinculación laboral- en la órbita de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Fuentes vecinales y testimonios incorporados al reclamo ponen bajo la lupa la efectiva prestación de sus servicios y el cumplimiento de sus horarios dentro de la administración pública, sugiriendo que su permanencia cotidiana en el lugar coincidiría con los horarios en que se registran bloqueos, roturas e interferencias a servicios básicos.

Su accionar se encuentra asentado en la Justicia mendocina a través de dos expedientes:

 * Expediente 119.744/23: Instruido por la presunta comisión del delito de usurpación en la modalidad de turbación de la posesión.

 * Expediente P-123.227/24: Correspondiente a una denuncia penal por supuestas lesiones leves dolosas.

En paralelo, existen sospechas y versiones recogidas en sede tribunalicia que advierten sobre presuntos intentos de dilatar los plazos procesales mediante supuestas gestiones o presiones, mientras se aguardan definiciones de fondo ante la Suprema Corte de Justicia provincial.

La hipótesis política y el trasfondo inmobiliario

El interrogante recurrente en la zona es qué respaldo permitiría a un particular desoír sistemáticamente disposiciones administrativas y judiciales. Fuentes ligadas al seguimiento del conflicto señalan que el denunciado contaría con presuntos nexos o respaldo político en sectores del PRO mendocino, lo que operaría en la práctica como un paraguas disuasivo frente al accionar de las autoridades de control.

La trama, sostienen los damnificados, excedería un problema de mera convivencia. Entre las líneas investigadas se evalúa si el hostigamiento permanente -que incluiría presuntos cortes en las líneas de alumbrado público, impedimentos al camión de residuos y actitudes intimidatorias hacia vecinos y menores, lo que podría terminar en una verdadera tragedia. Todo respondería a una maniobra planificada de desgaste. Dicha estrategia apuntaría a desvalorizar las parcelas contiguas para facilitar futuros desarrollos inmobiliarios y comerciales en un área estratégica de Chacras de Coria. 

Con la medida cautelar del 17 de abril de 2026 debidamente ratificada y el agua cubriendo las calles, la inacción de la Municipalidad de Luján de Cuyo y de Irrigación deja en evidencia una falta de respuestas institucional flagrante.La resolución efectiva de esta situación pondrá a prueba si prevalece el imperio de las resoluciones judiciales o la aparente impunidad amparada en influencias políticas. 

Si esta situación continuara ante semejante pasividad pública, todo podría terminar prontamente en fueros penales, que esperemos no sean de gravedad es cuando la inacción trae las desgracias.