El Gobierno nacional dejó sin efecto el decreto de 1973 que establecía el reparto de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles entre Mendoza y La Pampa y dispuso que, desde ahora, la totalidad de esos recursos corresponda a la provincia de Mendoza. La medida fue formalizada mediante el Decreto 982/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La decisión pone fin al esquema establecido hace más de cinco décadas por el Decreto 1560/73, que había determinado que las regalías correspondientes al Complejo Hidroeléctrico El Nihuil se distribuyeran en partes iguales entre Mendoza y La Pampa.

El conflicto se originó porque Mendoza cuestionó ese reparto y sostuvo que el aprovechamiento hidroeléctrico del río Atuel se desarrolla íntegramente dentro de su territorio.

El decreto firmado por Javier Milei establece que la regalía hidroeléctrica generada por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles corresponderá en su totalidad a Mendoza porque la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada se encuentra íntegramente en territorio provincial.

El Gobierno nacional fundamentó la medida en el criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia en distintos antecedentes, según el cual el derecho a percibir regalías está vinculado con la localización de la fuente hidroeléctrica y no simplemente con el hecho de que un río atraviese distintas jurisdicciones.

El cambio adquiere relevancia además por el proceso de nueva concesión de Los Nihuiles. El contrato vigente había vencido y Nación convocó junto con Mendoza a una licitación pública nacional e internacional para otorgar la nueva concesión del sistema y vender las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. El Ejecutivo argumentó que la definición sobre las regalías debía resolverse antes de avanzar con el nuevo proceso licitatorio para otorgar previsibilidad y certeza jurídica.

La cuestión, sin embargo, no queda completamente cerrada en el plano judicial. Mendoza había llevado el reclamo contra el Decreto 1560/73 ante la Corte Suprema, en una causa iniciada en 2022 que continúa en trámite. El nuevo decreto rechaza el recurso administrativo de la provincia y señala que con esta decisión queda agotada esa vía, aunque deja habilitada la acción judicial dentro de los 180 días hábiles.