Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, la Provincia formalizó la concesión de campamentos base y de altura a once prestadores privados, exigiendo estrictos avales ambientales y económicos para la temporada.
El Gobierno de Mendoza formalizó mediante un decreto en el Boletín Oficial la culminación del proceso licitatorio para concesionar los servicios turísticos en el Parque Provincial Aconcagua. La medida apunta a reordenar de manera integral el esquema de prestaciones en los campamentos de aproximación, base y altura para las próximas temporadas de ascensos y caminatas, revocando los históricos permisos precarios para sustituirlos por contratos formales asignados por parcelas y unidades funcionales bajo rigurosos criterios técnicos, económicos y de conservación ambiental.
Tras la evaluación de las doce ofertas recibidas, la comisión evaluadora determinó la adjudicación a favor de once empresas privadas habilitadas para operar en enclaves estratégicos como Confluencia, Plaza de Mulas y Plaza Argentina, bajo un esquema distributivo orientado a evitar concentraciones comerciales monopólicas en el cerro más alto de América:
Aconcagua Expediciones
Aconcagua Visión
Fernando Grajales Expeditions
Aconcagua MG
Lanko Altas Montañas
South Face
Víctor Hugo Herrera (Mallku)
Andesport
Backpack Logística
Juan Antonio Herrera
Zurbriggen 6962
En contrapartida, las autoridades resolvieron descartar la propuesta presentada por la firma Helicopter AR para el manejo de campamentos turísticos. El dictamen oficial fundamentó el rechazo al señalar que el proyecto de dicha compañía estaba orientado al soporte operativo y logístico de vuelos propios, un perfil que no se condice con los objetivos de esta licitación -focalizada en la atención directa, pernocte y asistencia a los andinistas-, aclarándose que el transporte aéreo continuará regulado mediante un proceso administrativo independiente.
Con el objetivo de rubricar los acuerdos antes del inicio formal del calendario de ascensos, cada una de las firmas adjudicatarias deberá constituir una garantía económica del 10% del primer año de concesión y acreditar el estricto apego a los protocolos ambientales del área protegida. Con estas exigencias contractuales, la administración provincial busca elevar los estándares de calidad en las prestaciones de montaña y asegurar la preservación sustentable de los recursos naturales en la alta cumbre.