La comisión retomará el tratamiento el próximo miércoles. Una vez reunidos los planteos de los legisladores, serán enviados nuevamente al Ministerio para determinar cuáles pueden incorporarse al texto definitivo.
El proyecto de Ley de Ciberseguridad presentado por el Gobierno de Mendoza comenzó su tratamiento en la Legislatura provincial y continuará siendo analizado durante las próximas semanas. La iniciativa busca establecer un marco normativo destinado a reforzar la bioseguridad y la ciberseguridad dentro del sector público y proteger información sensible en poder del Estado.
En diálogo con MNews Radio, El Observador Mendoza, el senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Walther Colini explicó que el proyecto tuvo una primera recepción favorable entre las distintas bancadas y aclaró que su alcance está centrado en los sistemas y datos públicos. Por lo tanto, no apunta a regular delitos cometidos contra particulares, como las estafas virtuales.
Durante la presentación en la Legislatura participaron la ministra de Seguridad y Justicia junto a funcionarios de las áreas de Justicia e Informática. Tras el encuentro, los diferentes bloques quedaron comprometidos a presentar por escrito sus observaciones, dudas y propuestas de modificación.
La comisión retomará el tratamiento el próximo miércoles. Una vez reunidos los planteos de los legisladores, serán enviados nuevamente al Ministerio para determinar cuáles pueden incorporarse al texto definitivo.
Colini destacó que durante la primera instancia existió "un buen ánimo político en el tratamiento" y consideró que los aportes de las distintas fuerzas podrían contribuir a mejorar la iniciativa antes de que avance en el Senado.
La propuesta está vinculada con el proceso de modernización y transformación digital que impulsa el Gobierno provincial. Sin embargo, la nueva normativa tiene un objetivo específico: establecer mecanismos para proteger información pública en áreas consideradas especialmente sensibles, como salud, educación, seguridad y Justicia.
Entre los cambios que comenzaron a analizarse aparece la posibilidad de ampliar la composición del consejo previsto por la iniciativa. La intención es que también puedan participar representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial.
Otro de los puntos que genera debate está relacionado con los denominados hackers éticos o white hat, especialistas que detectan vulnerabilidades en sistemas informáticos con el objetivo de advertirlas y contribuir a su corrección. La discusión apunta a establecer con claridad los límites entre una prueba o detección legítima y una intrusión ilegal.
Según explicó el senador, este sector también planteó la necesidad de contar con protección cuando informe sobre vulnerabilidades, ataques o datos maliciosos. La cuestión ya fue abordada durante el debate y se incorporó un capítulo específico a partir de aportes realizados por la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
La normativa también contempla a empresas privadas que brindan servicios tecnológicos al Estado, debido a que parte de la infraestructura necesaria para almacenar o proteger información pública se encuentra tercerizada.
Para Colini, se trata de una discusión amplia y técnicamente compleja que incorpora un tema novedoso a la agenda legislativa provincial. **"Esto es el inicio, es un proceso"**, señaló sobre el tratamiento que continuará durante las próximas semanas.
El objetivo del oficialismo es avanzar con una legislación preventiva que establezca criterios y procedimientos de protección a corto, mediano y largo plazo. La aprobación de la norma no eliminaría la posibilidad de sufrir ciberataques, pero buscaría fortalecer las herramientas del Estado para prevenirlos, detectarlos y responder ante posibles incidentes.