La resolución de la Suprema Corte representa un alivio para miles de suscriptores de planes de ahorro que se encontraban bajo la amenaza de perder sus vehículos luego de que la Cámara de Apelaciones revocara la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda colectiva. En una entrevista a Mnews radio, El Observador Mendoza, a Mariela González explicó los alcances de la medida.

Según explicó González, la jueza de primera instancia, Fabiana Martinelli, había determinado que las automotrices cobraban un sobreprecio del 14% en las cuotas de los planes de ahorro, porcentaje que fue acreditado mediante pericias contables y actuariales. Además, consideró abusiva la cláusula de actualización por valor móvil y ordenó que las cuotas se ajustaran mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), al entender que los aumentos de los vehículos no guardaban relación con ningún indicador de la economía.

La Cámara de Apelaciones revocó esa decisión y también dejó sin efecto la medida cautelar que, desde 2020, permitía que las cuotas se actualizaran según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Como consecuencia, las automotrices quedaron habilitadas para reclamar las diferencias acumuladas entre ambos sistemas de actualización.

"Se habían generado situaciones extremadamente abusivas por parte de las automotrices", afirmó González.

La abogada señaló que, tras el fallo de Cámara, muchas empresas comenzaron a exigir pagos que oscilaban entre los 10 y los 30 millones de pesos, dependiendo de la automotriz y del modelo del vehículo, además de ofrecer planes de pago con cuotas superiores al millón de pesos mensual.

De acuerdo con González, los montos reclamados incluso superan el valor de mercado de muchos de los vehículos que poseen actualmente los adjudicatarios, que podrían venderse entre 13 y 15 millones de pesos.

La letrada sostuvo que la resolución de la Cámara también le imponía, como representante del colectivo, la obligación de renegociar esas diferencias antes del 15 de junio. En caso de no alcanzar un acuerdo, las automotrices quedaban facultadas para iniciar el secuestro y posterior remate de los vehículos.

La Suprema Corte suspendió de manera urgente esa parte del fallo, impidiendo que las empresas avanzaran con esas medidas mientras continúa el proceso judicial.

Los montos reclamados corresponden a las diferencias acumuladas entre las cuotas abonadas bajo la medida cautelar y los valores que las automotrices pretendían aplicar mediante el sistema de valor móvil. Según explicó González, esas sumas continúan siendo objeto de litigio y, por el momento, no son exigibles.

La pretensión de los demandantes es que la Suprema Corte revoque la sentencia de Cámara y restablezca el fallo dictado por la jueza Martinelli. De acuerdo con las liquidaciones realizadas durante el proceso, la devolución del 14% ordenada en primera instancia prácticamente absorbía las diferencias generadas durante la cautelar, dejando a la mayoría de los suscriptores con saldos mínimos o incluso a su favor.

Respecto del trámite judicial, González indicó que la Suprema Corte detectó además una irregularidad procesal al advertir que una de las fábricas involucradas no había sido correctamente notificada por la Cámara de Apelaciones. Por ese motivo, ordenó regularizar esa situación antes de continuar con el tratamiento del expediente.

Una vez cumplida esa instancia, las automotrices tendrán un plazo de 15 días para responder ante la Corte. Posteriormente, el expediente quedará en condiciones de ser analizado por los siete ministros del máximo tribunal provincial, tal como exige la normativa para las acciones colectivas en Mendoza.

Aunque no existe un plazo determinado para el dictado de la sentencia definitiva, González estimó que, una vez superada la feria judicial, la causa podría quedar lista para el acuerdo del pleno de la Suprema Corte.