El debate sobre el rol de la tecnología en las aulas suma un nuevo capítulo en la provincia. La diputada provincial Griselda Petri (UCR) ingresó un proyecto de ley en la Legislatura que busca regular y restringir el uso de teléfonos celulares en todas las instituciones educativas de Mendoza, tanto de gestión pública como privada. La medida surge como respuesta a la creciente preocupación por la pérdida de atención en clases, las adicciones a las redes sociales y el aumento de conflictos virtuales entre menores.

El diseño normativo establece pautas claras y diferenciadas según la edad de los estudiantes. Para el Nivel Inicial y Primario, la propuesta plantea una restricción prácticamente total durante toda la jornada escolar. Las únicas excepciones permitidas serían para alumnos con discapacidad que necesiten el dispositivo por accesibilidad, urgencias médicas, o cuando el docente disponga su uso para una actividad pedagógica específica.

En el caso del Nivel Secundario, la prohibición regiría estrictamente durante las horas de clase. Para los momentos fuera del aula, como los recreos, cada institución tendría la libertad de fijar sus propias normas de convivencia. Una de las particularidades del proyecto es que también alcanza al personal docente: los maestros y profesores deberán mantener sus teléfonos apagados durante el dictado de las materias, salvo situaciones de emergencia o fines educativos.

"No se trata de demonizar la tecnología. Los celulares son herramientas importantes, pero la escuela tiene que ser un espacio capaz de proteger la atención, la conversación, el pensamiento crítico y los vínculos interpersonales", argumentó Petri. La legisladora subrayó que las sanciones no prevén castigos extraordinarios, sino que se enmarcarán en el esquema disciplinario gradual ya vigente en la Ley Provincial Nº 7.861.

La visión de la DGE: el desafío de la conectividad

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE), organismo conducido por Tadeo García Zalazar, habilitaron el análisis de la propuesta pero marcaron distancia respecto al espíritu prohibitivo. Las autoridades enfatizaron que el verdadero desafío educativo pasa por definir criterios claros de uso y no simplemente por la prohibición.

"Una cosa es el uso recreativo o distractivo durante una clase y otra muy distinta es el uso pedagógico de la tecnología como herramienta de aprendizaje. Hoy nuestros estudiantes necesitan aprender a convivir con la tecnología y utilizarla de manera responsable, crítica y productiva", manifestaron desde el Gobierno escolar.

Finalmente, la DGE aportó un dato clave que condiciona la aplicación práctica de una restricción total: la brecha de conectividad. Si bien destacaron la inversión provincial, señalaron que la infraestructura tecnológica plena alcanza hoy al 30% de los establecimientos. En este contexto, las autoridades educativas advirtieron que, hasta no llegar al 100% de cobertura, los dispositivos móviles personales de los alumnos funcionan como un elemento igualador fundamental desde lo pedagógico, especialmente en las escuelas públicas mendocinas.