En busca de la verdad
En busca de la verdad
Por Mateo Coria
Cuando se desciende del helicóptero de las estadísticas provinciales y se camina por las baldosas de la calle San Martín, o se conversa con el propietario de un taller en Godoy Cruz, la música que se escucha en la Mendoza real tiene una tonalidad que invita a la sintonía fina. Hay una paradoja de cercanía que el poder político necesita decodificar: la economía de la provincia mejora notablemente en las planillas de la administración, pero el ritmo de la calle exige respuestas más rápidas.
Si uno conversa con los grandes protagonistas de la actividad económica local, la necesidad de trasladar el orden fiscal al bolsillo se vuelve un reclamo unánime. El diagnóstico de los empresarios de a pie es quirúrgico y resume una encrucijada evidente entre el andamiaje estatal y el balance cotidiano. El orden de las variables generales es un paso indispensable, pero si no se traduce de inmediato en un alivio directo para el que produce, el esfuerzo corre el riesgo de quedar empantanado. El costo de edificar un metro cuadrado en la provincia, que hoy supera largamente el millón de pesos, actúa como un potente disuasor para los desarrollos privados que dinamizarían de forma directa el empleo en los barrios mendocinos.
Mendoza arrastra desafíos estructurales maduros: hace ya más de una década que busca recuperar peso relativo en el concierto de la economía federal, tratando de volver al 4% del PBI nacional cuando hoy araña el 3,3%. La explicación es matemática: nuestra población ha crecido a un ritmo que exige una aceleración proporcional de nuestra capacidad para generar riqueza. Los motores históricos de la economía regional transitan un proceso de fuerte crisis. La vitivinicultura enfrenta una meseta en el consumo interno y costos fijos que obligan a una permanente ingeniería de eficiencia para competir internacionalmente. El turismo, gran dinamizador pospandemia, busca consolidar nuevos mercados con un ticket promedio más competitivo, mientras que la construcción muestra oscilaciones lógicas tras la parálisis previa.
La encrucijada de fondo radica en cómo sostener la inversión privada con una carga impositiva global que por momentos asfixia la capacidad de expansión de las empresas que motorizan el empleo urbano.
En la misma sintonía fina, Mendoza suele mostrar alícuotas moderadas en el Impuesto a los Ingresos Brutos si se las compara con el mapa federal para el comercio y los servicios. Mientras que provincias como Santa Fe y Córdoba se ubican en el 4,5% y 4% para el comercio, y trepan hasta el 4,5% y 4,75% en servicios, la provincia se planta con un 4% general para el comercio y una escala de entre el 4% y el 4,5% para los servicios. Esto la sitúa en una posición de aparente paridad frente a Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que manejan esquemas similares.
Sin embargo, el sector comercial y gastronómico advierte que la alícuota nominal cuenta apenas una parte de la historia. Uno de los grandes protagonistas de la actividad económica regional, el enólogo y empresario gastronómico Alejandro Vigil, aportó recientemente una lectura fundamental sobre la presión fiscal real. Vigil advirtió que, cuando se hace el desglose fino de los balances, Ingresos Brutos llega a representar cerca del 50% de la rentabilidad neta de un establecimiento gastronómico o vitivinícola.
Al cobrarse sobre la facturación bruta y en cascada, el tributo no contempla los márgenes reales de ganancia limpia de las pymes, transformándose en un socio mayoritario sobre el beneficio operativo en momentos de pérdidas. A este fenómeno se le suman las tasas municipales de comercio, los derechos de seguridad e higiene, sellos, las retenciones bancarias del SIRCREB y las percepciones de la administración federal, configurando, junto a los costos logísticos por la distancia geográfica, un costo operativo global muy exigente para el sector privado.
En el plano de los impuestos patrimoniales, el año anterior se actualizaron para evitar el desfinanciamiento del Estado. Según datos de ATM, las boletas llegaron con incrementos promedio del 180% en el Inmobiliario y del 151% en el Automotor. Bajo este nuevo esquema, una vivienda de clase media con 400 m² de terreno y 150 m² cubiertos pasó a pagar cerca de $88.000 anuales. En el rubro automotor, las patentes se reacomodaron según el valor de mercado de los vehículos: un coche de gama media patentado recientemente se ubicó en torno a los $411.000 anuales, mientras que una camioneta utilitaria modelo 2019 pasó a tributar alrededor de $464.000 anuales.
Detrás de las cifras de empleo, lo que verdaderamente se observa en la geografía local es una migración hacia el cuentapropismo y los regímenes simplificados. El desafío ya no es solamente contener la desocupación, sino garantizar que el empleo formal recupere el poder adquisitivo necesario para que las familias dejen atrás la vulnerabilidad económica.
El Gobierno provincial intenta exhibir un equilibrio fiscal estricto, orden administrativo y niveles de endeudamiento que son aceptables. Eso es un activo institucional. Pero la contracara de ese orden de las cuentas es el esfuerzo que la administración le solicita al contribuyente en un contexto de fuerte reconfiguración tarifaria, donde un recurso vital y crítico para Mendoza se ha puesto en el centro de la escena: el agua.
Si uno analiza la evolución económica, la presión combinada sobre el presupuesto familiar tiene en Aguas Mendocinas (AYSAM) un factor de peso fundamental. Mediante el Decreto 111, el Ejecutivo provincial oficializó un incremento del 17% en las tarifas del servicio de agua potable y saneamiento, un ajuste anual que lejos de quedar estático, inauguró un mecanismo de revisión bimestral manejado por Irrigación como ente regulador. Para las cooperativas y uniones vecinales del resto de los municipios, el incremento referencial trepó al 19,5%.
El problema de fondo que traslada la conducción de AYSAM, con Humberto Mingorance a la cabeza, es la necesidad de restablecer el equilibrio financiero frente a un Tablero de Índices de Costos que se dispara, principalmente por el gasto en personal y el fuerte insumo de energía eléctrica que demanda el bombeo en una provincia desértica. Las inversiones para renovar colectores y redes centenarias exigen fondos que terminan reconfigurando la boleta mensual de los mendocinos.
Esta actualización del agua se acopla a la perfección con la pinza energética. El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) autorizó sucesivas adecuaciones para los usuarios de EDEMSA, EDESTE y las Cooperativas eléctricas, llevando el valor del kilovatio hora (kWh) por encima de los $6 para los hogares residenciales de mayores ingresos, mientras que los segmentos con subsidio quedaron en una banda de entre $2,5 y $3,5. Hacia finales del ciclo previo, una nueva actualización sumó entre $2.400 y $10.600 mensuales según la categoría de consumo, acumulando subas en las boletas de luz de entre el 300% y el 500%. En paralelo, el boleto de colectivo urbano en el Gran Mendoza se consolidó en los $1.200, con proyecciones de escalar a los $1.400 en los tramos subsiguientes, implicando un piso de $50.000 mensuales para cualquier trabajador que deba realizar el esquema básico de transporte.
Para un hogar promedio con ingresos mensuales en torno a los $1.200.000, la arquitectura del gasto demuestra cómo los costos fijos absorben la mayor parte de la capacidad de consumo. Los servicios públicos -donde el binomio luz y agua lidera la presión, sumados al gas y la conectividad- demandan hoy entre el 8% y el 12% del ingreso total; el transporte urbano básico representa entre el 4% y el 6%; los alimentos y la canasta básica absorben más del 35%, mientras que el rubro de vivienda se lleva entre el 25% y el 35%. El resultado es matemático: entre el 72% y el 88% del ingreso mensual es absorbido por la estructura fija de supervivencia antes de poder volcar excedentes al circuito comercial local, lo que explica la parsimonia reinante en las ventas minoristas.
Este escenario mendocino se hamaca, de manera inevitable, dentro de la gran marea nacional. Hay una escena de la comedia clásica que se repite, con obstinación, en los despachos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires. Es la escena del médico que sale del quirófano, se quita el barbijo con gesto adusto pero satisfecho, y le anuncia a los familiares: "La operación fue un éxito rotundo; lógicamente, el paciente todavía está en terapia intentando reaccionar".
Si uno se sienta a revisar los fríos números de la macroeconomía nacional con los que el Gobierno central adorna sus discursos, el optimismo parece una obligación científica. La inflación muestra un persistente sesgo a la baja, el equilibrio fiscal se defiende en el altar de la función pública como un dogma de fe inquebrantable, y el Producto Bruto Interno (PBI) exhibió una recuperación del 4,4%, sacando la cabeza de la densa ciénaga recesiva en la que se había hundido previamente. Los manuales de la ortodoxia económica sonreirían. El agro derramó divisas, la minería aceleró sus proyectos y las finanzas volvieron a aceitar sus engranajes.
Sin embargo, a nivel federal se repite la paradoja de las dos velocidades. El Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial anotó una baja neta de 36.200 puestos de trabajo formales en el tercer trimestre evaluado a nivel país, afectando a la industria, el comercio y la construcción. Es un fenómeno estructural complejo: la reactivación se concentra fuertemente en sectores de capital intensivo como el petróleo, las finanzas o la minería, que dinamizan las cuentas públicas pero demandan menos mano de obra directa que las actividades comerciales o de servicios urbanos que sostienen el tejido de las ciudades.
Frente a esta realidad de doble velocidad, la estratégia con la que se mueven las corporaciones intermedias locales parece no alcanzar. Las posturas de la Federación Económica de Mendoza (FEM) o del Consejo Empresario Mendocino (CEM) priorizan los canales de diálogo técnico antes que la estridencia mediática. No se trata, creo, de un alineamiento con el poder político, sino de una lectura de los desafíos de fondo.
Para la dirigencia empresaria, las prioridades están concentradas en la competitividad estructural de la provincia: las alícuotas de Ingresos Brutos, las regulaciones laborales, el acceso al financiamiento y los costos de los servicios mayoristas para las industrias. Al entender que el orden administrativo y el equilibrio fiscal son activos indispensables para que Mendoza resulte atractiva en el mediano y largo plazo, las entidades intermedias eligen el camino de las mesas de trabajo para acercar propuestas realistas de alivio fiscal, resguardando la paz social de la provincia, pero hoy eso parece no alcanzar.
El escenario actual sitúa a la provincia ante una valiosa oportunidad de debate interno. Si bien existen demandas del sector productivo orientadas a agilizar procesos administrativos, asegurar una absoluta previsibilidad jurídica para las inversiones y optimizar la infraestructura de costos, las voces de la economía real plantean una aceleración en la agenda de desarrollo.
Las advertencias provenientes de la industria madre vitivinícola y gastronómica operan como valiosos llamados de atención para la política. Mendoza cuenta con activos estratégicos indiscutibles: recursos humanos calificados, potencial minero sustentable en marcha, energía y un turismo internacional consolidado. El gran desafío de la dirigencia para los próximos años será instrumentar las herramientas financieras y fiscales que permitan trasladar el innegable orden macroeconómico al dinamismo microeconómico, aliviando la estructura impositiva y la carga de los servicios esenciales para que el bolsillo de los mendocinos refleje con total fidelidad el crecimiento de las estadísticas oficiales.
