En una jornada legislativa clave, funcionarios del Poder Ejecutivo se presentaron este martes ante el plenario de comisiones de Hacienda, Legislación y Asuntos Constitucionales, y Economía de la Cámara de Diputados. El objetivo fue defender y detallar los alcances de un ambicioso proyecto de ley que busca reestructurar distintas áreas económicas e institucionales de la provincia.

La comitiva oficial estuvo encabezada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, acompañado por la titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), Ida López, y el director General de Modernización, Facundo Biffi.

El proyecto oficialista se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales que cambiarán la dinámica de financiamiento y administración del Estado provincial:

Adhesión al RIMI y estabilidad fiscal

En relación con el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), Fayad explicó que la Provincia busca complementar los beneficios nacionales otorgando estabilidad tributaria. El Gobierno garantizará que las empresas que adhieran al sistema no sufrirán la creación de nuevos impuestos ni el incremento de las alícuotas vigentes.

Además, estos emprendimientos gozarán de prioridad para acceder a programas de subsidio de tasas, parques industriales, incentivos al empleo y herramientas de promoción exportadora a través de ProMendoza.

Reconversión del Fondo para la Transformación

Uno de los puntos más sensibles es el cambio de paradigma en el Fondo para la Transformación y Crecimiento (FTyC). El Estado dejará de otorgar créditos directos al sector productivo para concentrar su asistencia exclusivamente en subsidios de tasas y garantías recíprocas.

La justificación oficial: "Creemos que estas dos herramientas son el uso más eficaz y efectivo de los recursos provinciales", argumentó Fayad, destacando que la medida busca reducir los costos estatales y potenciar el acceso al financiamiento privado.

Ajuste y reestructuración en Casinos

El ministro confirmó que se avanzará en una profunda reestructuración del IPJyC debido a la drástica caída de rentabilidad, apuntando específicamente al "juego vivo" o "paño". Según los datos oficiales, los ingresos de estas salas no llegan a cubrir ni el 30% de sus costos operativos.

Si bien no se precisó la cantidad de salas que podrían cerrar sus puertas, se admitió que habrá reubicaciones de personal, retiros voluntarios y trabajadores que pasarán a disponibilidad. Para contener este impacto, el Ejecutivo congeló las vacantes durante el primer trimestre del año, buscando absorber a los empleados de los organismos en reestructuración.

Liquidación del ex Banco Mendoza

Finalmente, el proyecto apunta a "limpiar" la cartera provincial liquidando los activos restantes heredados de la privatización del Banco Mendoza en los años 90. El Gobierno reconoció que estas deudas son prácticamente incobrables y que mantenerlas genera gastos administrativos que superan cualquier eventual recupero, además de mantener trabadas garantías hipotecarias sobre inmuebles productivos.

Los cuestionamientos de la oposición

Tras la exposición oficial, se abrió la ronda de preguntas donde surgieron los principales chispazos políticos. La diputada Gabriela Lizana (Frente Renovador) apuntó duramente contra el desarme de los créditos directos: "El Fondo fue una herramienta que funcionó correctamente y sirvió de apalancamiento para el sector productivo". La legisladora advirtió que, mientras se otorgan grandes beneficios impositivos a través del RIGI o el RIMI, se le "quitan opciones a los pequeños productores".

Frente a esto, Fayad retrucó señalando que es imposible calcular el costo fiscal de las exenciones porque "son inversiones que aún no existen y no sabemos si se hubieran hecho sin los beneficios".

Por último, el bloque opositor encendió las alarmas por el cierre de salas de casino, recordando que las remesas de los juegos de azar son una de las principales fuentes de financiamiento para los programas de salud pública de la provincia. Ante esta situación, los legisladores consideraron fundamental convocar al ministro de Salud, Rodolfo Montero, para que brinde su postura sobre el eventual impacto en los recursos de su cartera.