La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza endureció su política disciplinaria tras registrarse un incremento significativo en las sanciones expulsivas. Según datos oficiales, entre 2024 y lo que va de 2026, un total de 50 trabajadores de la educación fueron apartados del sistema: 16 del nivel primario y 34 del secundario. Esta cifra representa una triplicación en la cantidad de cesantías y exoneraciones en comparación con años anteriores, marcando una fuerte tendencia de la gestión escolar hacia el control de la conducta profesional.

El abanico de causas que motivaron estas desvinculaciones es amplio y refleja situaciones de diversa gravedad. Los sumarios administrativos acreditaron faltas que incluyen desde maltrato, xenofobia, abuso de autoridad y violencia de género, hasta incumplimiento de deberes públicos y adulteración de documentos. También se registraron casos de inasistencias reiteradas y episodios menos convencionales, como el de agentes sancionados por dormir durante sus horas de trabajo en los establecimientos educativos.

El protocolo vigente establece que, ante una acusación grave, se actúa de forma preventiva incluso antes de que intervenga la Justicia. El personal es trasladado inmediatamente a dependencias administrativas sin contacto con menores de edad. En situaciones de extrema gravedad o con imputaciones penales firmes, el Gobierno escolar procede a la suspensión del sueldo y la desvinculación total. La diferencia clave reside en que los cesanteados pueden intentar regresar tras tres años, mientras que los exonerados quedan inhabilitados de forma permanente.

Un caso testigo de esta rigurosidad es el del docente sanrafaelino Elbio Bruschi. Aunque fue absuelto por el delito de grooming, la Justicia lo condenó por enviar "mensajes indignos y violentos" a una alumna de 17 años e incumplir sus deberes como funcionario. Como consecuencia, además de una pena de prisión en suspenso y una inhabilitación judicial de un año, la DGE le aplicó una suspensión administrativa, ratificando que las conductas impropias tienen consecuencias laborales directas independientemente del encuadre penal.

Las autoridades educativas explicaron que estas medidas buscan sanear el sistema y garantizar un entorno seguro para los estudiantes. El Estatuto Docente y el régimen disciplinario actual permiten actuar con mayor celeridad sobre faltas que anteriormente quedaban dilatadas en el tiempo. La DGE sostiene que el rigor en los sumarios es una pieza fundamental para restaurar la confianza de las familias en las instituciones públicas y jerarquizar la labor de quienes sí cumplen con su deber.

Con este escenario, la provincia de Mendoza consolida una postura de tolerancia cero frente a irregularidades administrativas y delitos de integridad. La separación de estos 50 agentes marca un hito en la gestión de recursos humanos del Estado provincial, enviando un mensaje claro al resto del cuerpo docente y celadores sobre las consecuencias de las faltas éticas y profesionales dentro del ámbito escolar.