En busca de la verdad
En busca de la verdad
El fallo del máximo tribunal nacional ratificó la condena impuesta originalmente por el delito de atentado a la autoridad agravado contra el edil electo.
Esta semana, la política en los municipios vive jornadas de recambio. Entre lunes y jueves, los 18 departamentos de la provincia llevarán a cabo los actos de jura y asunción de los concejales electos en los comicios de 2025. Sin embargo, el protocolo se ve opacado por la incertidumbre en San Carlos, donde la asunción del exlegislador Marcelo Romano pende de un hilo judicial.
El interrogante central gira en torno a una condena que ahora es definitiva y que choca de frente con su pretensión de ocupar una banca por el espacio Provincias Unidas.
La situación de Romano dio un giro irreversible el pasado 23 de abril, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó su último recurso apelatorio. El fallo del máximo tribunal nacional ratificó la condena impuesta originalmente por el delito de atentado a la autoridad agravado, cometido en 2019 mientras Romano era senador.
La pena incluye:
10 meses de prisión en suspenso (condicional).
20 meses de inhabilitación especial para ejercer cualquier cargo público.
Al ser rechazada la presentación por "inadmisible" bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil, la sentencia quedó firme, lo que técnicamente le impediría prestar juramento este jueves.
Pese al revés de la Corte Suprema, Marcelo Romano sostiene que su camino legal no ha terminado. En declaraciones a la prensa, el concejal electo argumentó que la causa fue una "operación" en su contra y planteó una interpretación alternativa sobre los plazos:
Sus argumentos: Asegura que aún restan instancias ante el tribunal de primera instancia para definir el cómputo de la pena (es decir, cuándo empiezan a correr los 20 meses de inhabilitación).
Su defensa: Romano afirma tener su certificado de antecedentes penales en regla y ya cuenta con la notificación oficial para el acto administrativo de asunción.
El partido del exlegislador aún mantiene hermetismo sobre los pasos a seguir, pero Romano ya confirmó su presencia en el recinto. La gran duda es si el Concejo Deliberante de San Carlos permitirá el jueves 30 la jura de un candidato que cuenta con una inhabilitación ratificada por la máxima instancia judicial.
La Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que la demanda impulsada por la CGT debe tramitar en ese fuero y no en tribunales laborales. También cuestionó el procedimiento seguido por el juez que intervenía en el expediente
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