En una entrevista en MNews Radio, El Observador Mendoza, se abordó un tema de extrema gravedad tras la muerte de un niño en el Hospital Notti, un caso que, según las primeras pericias, presenta indicios de maltrato infantil y vuelve a poner en foco el funcionamiento del sistema judicial en materia de familia.

La discusión gira en torno a la toma de decisiones sobre la tenencia de menores y la capacidad de los tribunales para evaluar correctamente cada situación. Se recordó también el antecedente de otros casos en los que los niños habían manifestado no querer permanecer en el entorno que la justicia les había asignado. En ese marco, se planteó la influencia de ciertos enfoques ideológicos en las resoluciones judiciales, particularmente en relación a la ponderación de responsabilidades entre madre y padre.

La abogada penalista y especialista en derecho de familia, Ana Paula Martorell, describió un escenario complejo en el que intervienen múltiples actores: jueces, psicólogos, peritos, trabajadores sociales y equipos interdisciplinarios. Según explicó, estas decisiones ya no dependen exclusivamente del ámbito jurídico, sino de una red de evaluaciones que muchas veces no logra dar respuestas efectivas.

"Es un tema muy complejo", señaló, al tiempo que remarcó que estos casos no son nuevos, sino que se visibilizan a partir de su exposición mediática. También advirtió que el sistema judicial arrastra problemas estructurales desde hace años y que las fallas responden a una combinación de factores.

Entre ellos, destacó la sobrecarga de los juzgados de familia, producto del aumento de conflictos intrafamiliares y situaciones de violencia, lo que deriva en expedientes extensos y demoras significativas. "Tenemos una sobrecarga de estos asuntos de familia", explicó.

Otro punto crítico es la falta de implementación efectiva de herramientas como el abogado del niño, un derecho contemplado legalmente pero que en muchas jurisdicciones no se cumple por falta de profesionales especializados. A esto se suma la precarización de los equipos psicológicos y técnicos, lo que impacta directamente en la calidad de las evaluaciones.

"Hoy se ven sistemas saturados que no logran resolver la cuestión", afirmó, al referirse a un entramado donde confluyen limitaciones económicas, falta de recursos humanos y dificultades de acceso a la justicia. En este sentido, subrayó que iniciar y sostener un proceso judicial implica costos elevados que muchas familias en situación de vulnerabilidad no pueden afrontar.

La especialista también señaló la existencia de denuncias falsas dentro de conflictos familiares, lo que incrementa aún más la carga del sistema y dificulta la detección de casos verdaderamente urgentes. "Hay muchas causas falsas", indicó.

Además, cuestionó la falta de lectura y seguimiento de expedientes por parte del sistema judicial, en parte debido a la saturación. "La justicia llegó tarde", expresó, al referirse a los casos más extremos donde las alertas previas no fueron atendidas.

Finalmente, advirtió que las demoras, la falta de recursos y la desarticulación entre organismos generan un contexto en el que los niños, en situación de vulnerabilidad, quedan expuestos a riesgos graves. "El sistema judicial llegó tardísimo", insistió.

El panorama expuesto refleja una crisis estructural que atraviesa a todo el país, con mayores dificultades en regiones donde la justicia presenta atrasos significativos en infraestructura y funcionamiento. La falta de políticas públicas sostenidas y de presupuesto adecuado aparece como uno de los principales obstáculos para revertir esta situación.