Marcelo D'Agostino, exsubsecretario de Justicia y figura clave en la gestión de Alfredo Cornejo, fue imputado por coacción en contexto de violencia de género y por tenencia ilegal de un arma de fuego. La decisión, firmada por la fiscal Valeria Bottini bajo la supervisión de Alejandro Iturbide, marca un nuevo capítulo en una causa que no deja de crecer en complejidad.

La denuncia, presentada y ratificada por su expareja, describe episodios de violencia física y psicológica, acompañados de pruebas como audios e imágenes. En el relato, la mujer asegura que la influencia política de D'Agostino funcionaba como un mecanismo de coacción, un poder que se extendía más allá de lo privado.

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Aunque la imputación actual es considerada leve en comparación con las acusaciones iniciales -que incluyen abuso sexual, un delito que podría implicar la detención del exfuncionario-, la investigación continúa. Los fiscales analizan si algunos hechos denunciados, ocurridos hasta enero de 2024, ya prescribieron. Sin embargo, advierten que ciertos elementos podrían mantenerlos vigentes en términos judiciales.

En paralelo, la cuestión del arma de fuego agrega otra arista. Una pistola 9 mm y municiones de uso restringido fueron entregadas por sus abogados, ya que la documentación no estaba en regla. Este hallazgo derivó en la imputación por tenencia ilegal, aunque la vivienda del exfuncionario no fue allanada.

El caso no solo expone la intimidad de un vínculo marcado por la violencia, sino también la fragilidad de las instituciones cuando quienes las integran son señalados por delitos graves. D'Agostino, que en su momento fue considerado el "brazo ejecutor" de las reformas judiciales, hoy debe presentarse en Tribunales para ser notificado y decidir si hará uso de su derecho a declarar.

La causa sigue abierta, con peritajes psicológicos en agenda y la posibilidad de que nuevas pruebas reconfiguren el escenario. Mientras tanto, la sociedad mendocina observa con atención cómo la Justicia enfrenta a uno de sus antiguos hombres fuertes.