Denuncian presiones para traspasar el control de los registros inmobiliarios al ámbito político, saltando la autonomía de la Corte.
En una declaración que ha sacudido los cimientos institucionales de la provincia, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Valerio, denunció públicamente las intenciones del Poder Ejecutivo de arrebatarle al Poder Judicial el control del Registro de la Propiedad Inmueble.
?A través de un video que se volvió viral en plataformas como TikTok, el magistrado alertó sobre una maniobra que califica como una "interferencia directa" en la estructura administrativa y jurídica de la provincia, orquestada -según sus palabras- desde la cúpula del gobierno provincial.
Una movida "bajo el radar"
Según Valerio, el pedido del Ejecutivo para que el Registro de la Propiedad pase a su órbita no ha sido debidamente transparentado ante todos los miembros del Poder Judicial. El ministro sostiene que se trata de un avance del poder político sobre funciones que históricamente garantizan la seguridad jurídica de los ciudadanos bajo el ala de la Justicia.
"Hay una interferencia y lo está haciendo todo el Ejecutivo, pero los otros no se enteran", se escucha advertir al magistrado, sugiriendo que la celeridad o el secretismo de la medida busca evitar el debate interno en la Corte.
Los puntos críticos de la denuncia
La nota de Valerio pone el foco en tres ejes fundamentales que preocupan al arco jurídico:
Independencia de poderes: El traspaso del Registro al Ejecutivo podría politizar la gestión de datos sensibles sobre la propiedad privada en Mendoza.
Falta de consenso: El magistrado asegura que el proceso se está llevando a cabo de manera unilateral, sin el conocimiento pleno del resto de los ministros de la Corte.
Seguridad Jurídica: Al salir de la esfera judicial, el control de la propiedad podría quedar sujeto a cambios de gestión política, perdiendo la estabilidad que ofrece el sistema actual.
Un escenario de tensión institucional
Esta denuncia no llega en un momento cualquiera. Se da en medio de tensiones acumuladas por reformas judiciales y debates sobre la eficiencia del gasto público. Mientras el Ejecutivo argumenta que el traspaso busca "modernizar y agilizar" los trámites, para Valerio representa un quiebre en la división de poderes.
Hasta el momento, desde la Casa de Gobierno no se ha emitido un comunicado oficial desmintiendo o ratificando los planes de traspaso, pero las palabras del ministro han puesto a la opinión pública en alerta sobre quién custodia, finalmente, los registros de todos los mendocinos.