La problemática de las amenazas en establecimientos educativos se ha convertido en uno de los temas centrales de la agenda pública en Mendoza en los últimos días. El fenómeno, que también tuvo repercusión a nivel nacional e incluso en países como Chile, genera alarma en la comunidad educativa y especialmente en las familias, que buscan respuestas sobre cómo actuar frente a estas situaciones.

En una entrevista brindada a MNews Radio y El Observador Mendoza, Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar de la Dirección General de Escuelas (DGE), explicó que se trata de un fenómeno nuevo que irrumpe en el normal funcionamiento de las instituciones y que requiere una respuesta coordinada del Estado.

"Esto no es una transgresión o una broma. Es un delito de intimidación pública", remarcó, al referirse a las amenazas que aparecen en baños, notas o espacios escolares.

Desde la DGE se activaron protocolos que incluyen la intervención inmediata de la policía, la posibilidad de disponer guardias en los establecimientos y la realización de denuncias formales. El objetivo principal es garantizar la seguridad dentro de las escuelas, en un contexto que demanda la articulación entre los ministerios de Seguridad, Educación y Salud.

Gana señaló que, a diferencia de episodios similares en décadas pasadas, como las amenazas de bomba, el fenómeno actual tiene una mayor expansión debido al impacto de las redes sociales. "Se origina y se amplifica en un contexto digital, donde los adolescentes buscan pertenencia y protagonismo", explicó.

En ese sentido, indicó que estas conductas pueden interpretarse como una forma de desafiar la autoridad institucional en una etapa de desarrollo marcada por la búsqueda de identidad.

El crecimiento de estos casos también generó un fuerte desgaste en la comunidad educativa. Existe un sentimiento de hartazgo entre docentes y familias, que piden soluciones rápidas. Sin embargo, desde el organismo educativo sostienen que no se puede bajar el nivel de control. "Aunque haya cansancio, no vamos a disminuir el orden que tenemos que garantizar en las escuelas", afirmó.

Respecto a la duración del fenómeno, explicó que atraviesa picos de expansión y que, si bien no es una situación sencilla, está siendo contenida. "No es algo que no podamos controlar. Lo estamos ordenando y va a encontrar su cauce", aseguró.

Uno de los puntos clave señalados por la funcionaria es la responsabilidad de las familias. Desde la DGE se insiste en la necesidad de un trabajo conjunto entre escuela y hogar. "Esto es responsabilidad parental. Los estudiantes llegan a la escuela con una formación previa que depende de sus familias", sostuvo.

En esa línea, destacó la importancia de establecer límites y promover el diálogo. "El límite no es punitivo, el límite ordena y forma a futuros adultos", subrayó.

En cuanto a las medidas preventivas, una de las más discutidas fue la recomendación de limitar el uso de mochilas en algunos casos. Gana aclaró que se trata de una medida excepcional, ya que ni las autoridades escolares ni la policía pueden revisar pertenencias. Por eso, se apela a la confianza en las familias. "Debemos partir de la confianza legítima de que los padres garantizan que sus hijos no llevan elementos de riesgo", explicó.

Finalmente, confirmó que los casos detectados siguen su curso en la Justicia, aunque evitó precisar cifras actualizadas. Cada situación implica denuncias y un proceso de investigación articulado con las autoridades correspondientes.

El escenario actual refleja un desafío complejo que involucra no solo al sistema educativo, sino a toda la sociedad, en un contexto donde la prevención, la responsabilidad familiar y la intervención estatal resultan claves para restablecer la normalidad en las escuelas.