El Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI) reveló cifras preocupantes sobre la realidad de la niñez en Mendoza: durante 2025, se asistieron 30 casos de embarazos en niñas y adolescentes. Un dato alarmante es que el 30% de estos casos están directamente vinculados a situaciones de abuso sexual, perpetrados en su gran mayoría dentro del entorno cercano o intrafamiliar de las víctimas. La franja etaria más afectada se concentra entre los 10 y 14 años, una etapa donde la vulnerabilidad es extrema y el silencio suele ser la norma.

La directora del programa, Rosario Chahla, explicó que estas situaciones suelen permanecer ocultas durante años debido a que el agresor convive con la víctima o forma parte de su círculo de confianza. "Son realidades silenciadas donde los niños no pueden pedir ayuda", señaló la funcionaria, destacando que la visibilización ocurre, generalmente, de forma tardía cuando la menor ingresa al sistema de salud por controles gestacionales o cuando se detectan señales de alerta en el ámbito escolar.

El perfil de quienes acompañan a las víctimas en el proceso de denuncia muestra una marcada tendencia de género: madres, tías o abuelas suelen ser los referentes de apoyo. Esta dinámica responde a que gran parte de los casos ocurren en hogares monoparentales o en situaciones donde el agresor, tras ser identificado como un varón del entorno, es excluido de la convivencia. El abordaje posterior es multidisciplinario, coordinando asistencia terapéutica con medidas de resguardo y el avance de la investigación penal.

En términos comparativos, las estadísticas de 2025 muestran una persistencia del fenómeno. Si bien en 2023 se detectaron 11 casos de abuso con embarazo y en 2024 la cifra fue de 9, el año pasado mantuvo esa meseta crítica con otros 9 diagnósticos de certeza de abuso sexual previo a la gestación. Dentro de este grupo, el 66% de las víctimas tenían entre 14 y 15 años al momento de la intervención, lo que obliga a reforzar las políticas de educación sexual y prevención.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que el registro de estos datos se da en medio de una profunda transformación digital. Actualmente, la provincia utiliza un sistema mixto que migra del antiguo registro SAS hacia la Historia de Salud Integrada. Esta digitalización no es solo administrativa: permite cruzar información en tiempo real para conocer la trazabilidad de los casos. "La tecnología nos ayudará a llegar antes a estas situaciones", aseguró Chahla respecto a la mejora en la detección temprana.

Como contraparte a este escenario, la Línea 102 se ha consolidado como la principal vía de auxilio. Durante 2025, el servicio gratuito y anónimo recibió casi 2.900 llamadas pertinentes, con un promedio de 270 comunicaciones mensuales. Del total de contactos, más de 1.100 fueron avisos concretos por vulneración de derechos, lo que demuestra una mayor conciencia social y una utilización activa de los canales de denuncia por parte de la comunidad.

La complejidad de estos casos demanda una respuesta articulada que exceda lo sanitario. La convergencia entre el sistema de salud, la protección de derechos y la Justicia es el único camino para garantizar el resguardo de las menores. Mientras la digitalización avanza para ofrecer datos más certeros, el foco sigue puesto en romper el silencio intrafamiliar y ofrecer entornos seguros para que niñas y adolescentes puedan denunciar antes de que las consecuencias sean irreversibles.