Directivos de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) salieron con los botines de punta frente a la campaña impulsada por el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE), que busca reunir 100.000 firmas para una propuesta orientada a introducir cambios estructurales en el sistema, en medio de las dificultades que denuncian los afiliados para acceder a prestaciones médicas.

Desde la obra social señalaron que este tipo de acciones reflejan un nivel preocupante de improvisación. A su entender, cualquier reforma del sistema requiere diagnósticos precisos, propuestas sostenibles y un debate serio que incluya fundamentos técnicos.

Sin embargo, el planteo que hacen los directivos de la obra social contrasta de lleno con la realidad cotidiana de los afiliados. Uno de los casos más visibles es que, en plena campaña de concientización sobre salud mental, persisten las quejas por la falta de cobertura en atención psiquiátrica y la discontinuidad en la provisión de determinados medicamentos.

A esto se suman las demoras y restricciones en la realización de análisis de sangre que, en algunos casos, se ven directamente interrumpidos por la falta de reactivos. Situaciones que, entre otras tantas reportadas por los usuarios, exponen con claridad la distancia entre el discurso institucional y el funcionamiento efectivo del sistema.

El malestar se profundizó esta semana tras conocerse un nuevo aumento en los aportes, que impacta de lleno en el bolsillo de los afiliados mendocinos, quienes en muchos casos deben recurrir a la atención privada para poder acceder a una consulta médica.

En ese contexto, crece el enojo de los usuarios, que reclaman mejoras concretas en las prestaciones y advierten que son "rehenes" de un sistema al que no pueden renunciar. Incluso, una usuaria denunció que se le siguen realizando descuentos de la obra social sobre la pensión de su padre fallecido hace dos años, bajo el concepto de un "aporte solidario" que incluye coberturas como emergencias, pese a la situación ya mencionada.

En tanto, desde el sindicato docente la medida es interpretada más como una acción de autobombo que como una propuesta concreta de solución, ya que el plan se limita a la recolección de firmas en respaldo de un proyecto de ley que ya fue presentado en la Legislatura, donde el oficialismo cuenta con mayoría y que podría quedar olvidada en un cajón.

En ese clima, la disputa ya dejó de ser técnica o administrativa y se encamina a un enfrentamiento político cada vez más marcado entre la obra social y el sindicato, con comunicados cruzados, chicanas y una pulseada que, mientras tanto, se juega sobre la salud y el bolsillo de los afiliados.

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