La provincia podrá colocar casillas para "recuperar" fondos y realizar el mantenimiento de los caminos de jurisdicción nacional que intervenga dentro del territorio.
El Gobierno nacional autorizó, mediante un decreto, a Mendoza y otras ocho provincias para que puedan intervenir en rutas nacionales y establecer el cobro de peaje para recuperar los fondos.
La medida quedó establecida en el Decreto 253/2026, que promueve la descentralización operativa de corredores estratégicos bajo un modelo de concesión.
El texto en su artículo uno expresa: "Delégase en las Provincias de CORRIENTES, de SANTA FE, de CÓRDOBA, de SAN LUIS, de MENDOZA, de RÍO NEGRO, del NEUQUÉN, de SAN JUAN y de SANTA CRUZ la competencia para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales emplazados en su territorio, a favor de sociedades privadas o mixtas o de entes públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley N° 17.520 y sus modificatorias".
La normativa lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El objetivo central es permitir que las provincias administren, reparen y mantengan los tramos viales mediante el sistema de obra pública por peaje.
El documento oficial aclara de forma taxativa que esta delegación de facultades tiene un carácter "funcional, limitado, temporal y revocable". Esto significa que la medida no implica una transferencia definitiva de los recursos viales a la Provincia.
Según establece el artículo 1 del texto, los tramos involucrados "permanecerán bajo exclusiva titularidad del Estado Nacional". Por lo tanto, no existe una cesión del dominio público ni se transfiere la jurisdicción federal sobre las rutas que atraviesan el territorio cordobés.
La decisión administrativa surge como respuesta a pedidos de diversas jurisdicciones que solicitaron herramientas para gestionar las rutas nacionales. El objetivo manifestado por las provincias es asumir de forma directa la "administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento" de dichos tramos.
Requisitos y plazos para las nuevas concesiones
Para que Mendoza pueda hacer efectiva esta delegación, deberá avanzar en la firma de convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad. En dichos acuerdos se deben identificar con precisión los tramos a concesionar y el régimen de supervisión que se aplicará.
Un punto clave del decreto es que el plazo de estas concesiones de obra pública no podrá exceder los 30 años de duración. Además, todos los convenios firmados entre Vialidad Nacional y la Provincia deberán contar con la aprobación final de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
Asimismo, el decreto establece una condición de cumplimiento obligatorio para evitar que el proceso se dilate en el tiempo. Si la provincia no convoca a la licitación correspondiente dentro del plazo de un año desde que se aprobó el convenio, la delegación de facultades quedará automáticamente sin efecto.
Control de fondos y mantenimiento de rutas
En cuanto al aspecto financiero, el Gobierno nacional impuso restricciones estrictas sobre el uso del dinero recaudado en las estaciones de cobro. Los fondos obtenidos por la explotación de los peajes no podrán ser destinados a otras obras ajenas a la concesión otorgada.
"Los fondos obtenidos por la explotación de los peajes no podrán ser afectados a la construcción o conservación de otros tramos u otras obras", detalla el texto oficial respecto a la exclusividad de los recursos generados por la tarifa vial.
Además, el decreto prohíbe que los tramos delegados sean licitados de manera conjunta en un mismo corredor vial con rutas pertenecientes a otras jurisdicciones. Esto busca garantizar que cada provincia se haga cargo exclusivamente de los tramos que le fueron asignados dentro de sus límites geográficos.

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