La comunidad educativa de la escuela 4-143 El Algarrobal, en Las Heras, se encuentra en estado de alerta tras la aparición de mensajes amenazantes que advertían sobre un posible tiroteo. El hallazgo de un cartel en el baño del establecimiento no solo desató el temor entre padres y alumnos, sino que derivó en una investigación administrativa contra el director de la institución por presuntas omisiones y errores en el manejo de la crisis.

El conflicto escaló cuando los padres denunciaron que las autoridades escolares minimizaron la situación. Según los testimonios, el director no notificó a sus superiores de la DGE de forma inmediata y optó por realizar un "dictado" a los alumnos para comparar caligrafías por cuenta propia. Esta decisión, sumada a un comunicado inicial que pedía a las familias "hablar con sus hijos sobre rumores", fue interpretada por la comunidad como una falta de respuestas claras ante una amenaza grave.

Desde el Ministerio de Educación, la jefa de Gabinete Daniela García y la directora de Acompañamiento Escolar, Carina Gannam, confirmaron que se analiza el accionar directivo. Si bien reconocieron que la falta de un protocolo específico pudo influir en el desborde de la situación, señalaron que hubo una demora innecesaria en la comunicación jerárquica. El caso podría derivar en un sumario ante la Junta de Disciplina si se formalizan las denuncias por incumplimiento de deberes.

Como respuesta directa a este incidente, la DGE activó una metodología de emergencia que ya rige para todas las escuelas. El nuevo esquema obliga a los directivos a llamar primero al 911 ante cualquier amenaza de violencia, dar aviso inmediato a la Supervisión y preservar la evidencia fotográfica antes de eliminarla para evitar la viralización. Además, se exige emitir un comunicado oficial a los padres que transmita previsibilidad sin replicar el contenido violento de la amenaza.

En el ámbito preventivo, el Servicio de Orientación Escolar (SOE) intervendrá para abordar la salud mental de los estudiantes y desarticular lo que las autoridades consideran un "reto viral" que se ha extendido por otras provincias y países vecinos. La estrategia busca no solo contener el miedo, sino también identificar a los responsables, quienes podrían enfrentar sanciones disciplinarias junto a sus padres, siguiendo la línea aplicada en casos de bullying.

A pesar de la tensión, algunos padres sostienen que la responsabilidad es compartida. Mientras se define el futuro del directivo investigado, las familias reclaman mayor seguridad y herramientas legales que permitan, por ejemplo, la revisión de pertenencias en el ingreso. "Espero que esto sea solo un llamado de atención para los chicos", manifestó una de las madres, reflejando el deseo de la comunidad de recuperar la normalidad en las aulas.

La investigación judicial y administrativa continuará en los próximos días con la toma de testimonios y pericias caligráficas a cargo de la Policía Científica. El caso de El Algarrobal marca un precedente en la educación mendocina, obligando al sistema a adaptarse rápidamente a nuevas formas de conflictividad escolar que exceden los marcos de convivencia tradicionales.