La senadora nacional abordó el avance del proyecto de ley sobre falsas denuncias, una iniciativa que ya cuenta con dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y que busca modificar el Código Penal argentino.
En una entrevista de Mnews Radio, El Observador Mendoza a la senadora nacional Carolina Losada, se abordó el avance del proyecto de ley sobre falsas denuncias, una iniciativa que ya cuenta con dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y que busca modificar el Código Penal argentino.
La propuesta apunta a endurecer las penas para quienes realicen denuncias falsas, en un contexto donde, según se expuso, existen numerosos casos de personas que fueron investigadas, detenidas o incluso privadas de su libertad sin haber cometido delito alguno.
"Hay personas que han sufrido un calvario por no haber cometido nada"
El proyecto comenzó a gestarse en 2022, impulsado por testimonios de personas afectadas que reclamaban una respuesta legislativa. En ese momento, el contexto político dificultaba la discusión del tema, pero la iniciativa fue presentada en 2023, retomada en 2025 y ahora logró avanzar con dictamen favorable.
La legislación vigente contempla la figura de falsa denuncia, pero con penas consideradas bajas: entre dos meses y un año de prisión o multas económicas mínimas. La nueva propuesta plantea elevar las sanciones.
"La pena actual es un chiste"
El proyecto establece una pena general de uno a tres años de prisión, con agravantes de tres a seis años en casos vinculados a denuncias por violencia de género o abuso infantil. Además, se prevén sanciones más severas para peritos o funcionarios judiciales que intervengan de manera irregular, incluyendo la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Durante la entrevista se mencionaron situaciones de jóvenes y adultos que atravesaron procesos judiciales prolongados, incluyendo casos de personas que estuvieron detenidas durante meses o años antes de ser absueltas.
"Hay gente que fue presa siendo inocente"
También se planteó que el impacto de estas situaciones no solo es judicial, sino también social y psicológico, con consecuencias que incluyen la pérdida de vínculos familiares, daño a la reputación y, en algunos casos, situaciones extremas.
Uno de los ejes de discusión gira en torno a la cantidad de falsas denuncias. Mientras algunos sectores sostienen que se trata de un porcentaje bajo, desde la iniciativa se plantea que, incluso si fuera un número reducido, el daño generado justifica una respuesta legislativa.
"Si existe, hay que legislar y no puede ser gratis"
En ese sentido, se destacó la falta de estadísticas oficiales y se cuestionaron estimaciones que minimizan el fenómeno. Se remarcó que, incluso tomando cifras bajas, el impacto en la vida de las personas afectadas es significativo.
La iniciativa también recibe objeciones de algunos sectores que advierten sobre posibles efectos negativos en denuncias legítimas. Sin embargo, se aclaró que el proyecto contempla la necesidad de probar la intencionalidad en la falsa denuncia para que exista condena.
"Se tiene que demostrar que hubo intención de dañar"
Esto implica que no cualquier denuncia desestimada derivará en una sanción, sino únicamente aquellas en las que se compruebe dolo, es decir, una intención deliberada de perjudicar a otra persona.
Durante la entrevista también se mencionaron situaciones en las que la propia impulsora del proyecto fue objeto de denuncias que luego fueron desestimadas, lo que refuerza, según se planteó, la necesidad de avanzar en este tipo de legislación.
Con dictamen favorable, el proyecto podría obtener media sanción en las próximas semanas, ya que se estima que cuenta con los votos necesarios para avanzar en el Senado.
"Podría aprobarse en las próximas semanas"
El tratamiento de esta iniciativa vuelve a poner en agenda el equilibrio entre la protección de víctimas reales y la necesidad de evitar abusos del sistema judicial, en un debate complejo que sigue generando fuertes posiciones encontradas.