La institución aseguró a TN que suspendió los festejos de bienvenida y puso el caso en manos de la Justicia, pero evitó hacer un comunicado abierto a la sociedad.
El Club Alemán volvió a quedar en el centro de la escena tras las declaraciones de su abogado, Alejandro Moreno, sobre la denuncia por abuso sexual presentada por una jugadora de hockey. El letrado reconoció que lo ocurrido durante el llamado "bautismo de bienvenida", la noche del 20 de abril de 2023, "no fue algo normal" y remarcó que la institución dio intervención inmediata a la Justicia.
Según explicó Moreno, el club sancionó preventivamente a las diez jugadoras señaladas en la denuncia y, además, prohibió de forma expresa este tipo de festejos dentro de la institución. Sin embargo, esa medida fue luego dejada sin efecto en medio del reclamo de padres de las acusadas, que cuestionaron la falta de derecho a defensa y generaron una fuerte tensión interna.
Desde el club sostienen que no existían antecedentes de episodios similares vinculados a situaciones sexuales. "Lo común era que les pinten, les corten el pelo o les tiren huevos, como parte de rituales de bienvenida, pero nunca se había visto un hecho de estas características", indicó el abogado, al intentar marcar distancia entre las prácticas habituales y el episodio denunciado.
Moreno también aclaró que las jugadoras continúan entrenando en la institución y rechazó que se las presente de antemano como culpables. En esa línea, subrayó que será la Justicia la que determine si existió delito, mientras insistió en que el club no buscó encubrir lo sucedido y actuó apenas tomó conocimiento del caso.
En paralelo, la defensa de las acusadas cuestionó la carátula de la causa, que investiga un presunto abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas, y anticipó pedidos de nulidad. También deslizó la posibilidad de que detrás del expediente exista un interés económico, al mencionar un reclamo civil millonario. Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso y podría derivar en penas de entre 3 y 10 años de prisión si se comprobara la acusación.