La Cámara de Diputados de Mendoza dio sanción final al proyecto impulsado por Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) y Enrique Thomas (PRO Libertad) que introduce cambios en la Ley 6722 de Seguridad Pública. La iniciativa fija un marco legal para el uso de armas de fuego por parte del personal policial ante situaciones de peligro inminente y también regula la convocatoria de efectivos retirados para tareas determinadas dentro de la fuerza.

El expediente ya había obtenido media sanción en Diputados y luego fue modificado en el Senado, por lo que regresó a la Cámara Baja para su tratamiento definitivo. La reforma incorpora nuevas precisiones sobre las funciones del personal de seguridad, vinculadas a la protección de personas y bienes, la vigilancia y la prevención de conflictos en espacios públicos.

Entre los puntos centrales, la norma establece criterios para el uso de armas de fuego en casos de legítima defensa, protección de terceros o cuando exista un riesgo grave para la vida o la integridad física. También fija pautas sobre la identificación y la advertencia previa antes de disparar, salvo en circunstancias excepcionales en las que esa acción pueda implicar un riesgo mayor.

Además, el proyecto incorpora el artículo 322 bis, que habilita la convocatoria de policías retirados altamente calificados para cumplir funciones específicas. Según el texto aprobado, quienes sean llamados para tareas directivas, con conducción de personal y disponibilidad horaria permanente, podrán percibir hasta el 100% de la asignación equivalente al grado que tenían al momento del retiro, mientras que para otras funciones el pago podrá alcanzar hasta el 80%.

Durante el debate, Cairo defendió la iniciativa al sostener que busca darles a los policías un respaldo legal en situaciones donde, según afirmó, existían "zonas grises" que derivaban en sanciones o dudas al momento de actuar. En la misma línea, Enrique Thomas afirmó que el nuevo marco "va a proteger al buen policía", mientras que desde el oficialismo y bloques aliados señalaron que la norma apunta a fortalecer la seguridad y respaldar a las fuerzas frente al delito.

Desde la oposición, en cambio, surgieron fuertes cuestionamientos. José Luis Ramón advirtió que la ley podría ser inconstitucional, mientras que legisladores del PJ como Valentina Morán y Germán Gómez plantearon reparos sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza, la rigidez de llevar estos criterios a una ley y las posibles consecuencias jurídicas de una redacción que, a su juicio, abre interpretaciones peligrosas.