Un derrame de petróleo ocurrido en la noche del jueves 5 en la zona de Barrancas, en Maipú, abrió un fuerte conflicto entre el Gobierno de Mendoza y el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo de Cuyo. Según la versión oficial, el incidente en una cañería operada por Petróleos Sudamericanos provocó el vuelco de unos 10 metros cúbicos de crudo sobre tierra y, cuando la empresa intentó avanzar con las tareas de limpieza y saneamiento, el gremio impidió el ingreso de personal y maquinaria.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, informó que la provincia presentó una denuncia judicial contra delegados sindicales por la posible comisión de los delitos de obstrucción o impedimento de las funciones de funcionario público, atentado contra la salud pública y desobediencia. La funcionaria sostuvo que, tras el incidente, la empresa activó tareas de contingencia como el bombeo y el bloqueo del ducto, pero no pudo avanzar con la remediación por la falta de personal mínimo en medio de una asamblea gremial.

Desde la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental explicaron que inspectores oficiales acudieron al lugar y constataron que la remoción de la tierra contaminada no se había iniciado. El Gobierno sostuvo además que el riesgo era mayor por el pronóstico de tormentas, ya que la lluvia podía arrastrar el crudo y agravar la contaminación. Ante ese escenario, la cartera ambiental dio aviso a la Policía para garantizar el ingreso de las cuadrillas y avanzar con el saneamiento. Según la información difundida por medios locales, los trabajos pudieron completarse pasado el mediodía del lunes.

"Ningún interés sectorial puede estar por encima del cuidado del ambiente y la salud de los mendocinos", afirmó Latorre al comunicar la denuncia, en un mensaje que endureció el tono del Gobierno frente al conflicto sindical.

Del otro lado, el sindicato rechazó de plano la acusación oficial y difundió un comunicado en el que sostuvo que la cronología de los hechos "desmorona" cualquier intento de responsabilizar a los trabajadores. Según esa versión, el incidente ambiental ocurrió el jueves 5, cuando la actividad laboral se desarrollaba con normalidad, mientras que la medida de acción directa comenzó recién el viernes 6, en el marco de un conflicto colectivo ya notificado ante la Subsecretaría de Trabajo.

El gremio aseguró que existe una "desconexión temporal absoluta" entre el derrame y la protesta, y señaló que pretender adjudicarle responsabilidad por un hecho anterior a la asamblea sindical constituye un intento de desviar la atención sobre las obligaciones operativas y de mantenimiento de la empresa. También remarcó que Petróleo Sudamericano S.A. no se presentó a una audiencia convocada en el marco del conflicto laboral, lo que, según su interpretación, dejó al sindicato en libertad de acción para avanzar con la retención de tareas.

La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar si hubo efectivamente una obstrucción deliberada a las tareas de saneamiento o si, como sostiene el sindicato, el conflicto gremial fue posterior al derrame y no tuvo incidencia directa en la demora de la remediación.