El arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, expresó su preocupación frente a las propuestas que impulsan la baja de la edad de imputabilidad y alertó que un debate reducido a la pena corre el riesgo de dejar afuera las variables que, a su criterio, explican y previenen la violencia juvenil: la familia, la escuela, la comunidad y el Estado. En el centro de la discusión está la intención de modificar el régimen vigente -que hoy fija la responsabilidad penal desde los 16 años- y llevarlo a los 13 o 14, según las alternativas que se barajan.

El posicionamiento de Colombo se conoció en un documento difundido este fin de semana por la Conferencia Episcopal Argentina, entidad que el propio arzobispo preside. En el texto, la Iglesia sostiene que la respuesta estatal ante delitos cometidos por menores no puede quedar atrapada en una lógica punitiva y pide priorizar políticas de educación, prevención y acompañamiento. "Estamos cercanos al dolor de las familias y comunidades víctimas de estos hechos", subraya el pronunciamiento, pero advierte que concentrar el debate "casi exclusivamente en la pena" puede relegar herramientas que "realmente previenen y cuidan".

El documento fue titulado "Para los jóvenes, más educación, más comunidad" y se difundió en la memoria de San Juan Bosco, patrono de los jóvenes. Allí, la Iglesia retoma preguntas que ya había planteado la Pastoral Social en 2025: dónde serían alojados los menores alcanzados por la reforma, qué dispositivos concretos existen para la reinserción y si el sistema penitenciario puede ser una solución real o, por el contrario, un factor que agrave trayectorias de exclusión.

En ese marco, Colombo propuso avanzar hacia un régimen penal juvenil "humano e integral", con una mirada que no llegue solo después del hecho consumado. El planteo apunta a una intervención temprana: contención familiar, redes comunitarias, escuelas fortalecidas y políticas públicas sostenidas, especialmente en los barrios donde la vulnerabilidad social y el abandono institucional suelen ser el escenario de reclutamiento del delito.

La declaración también introduce un llamado político a descomprimir la polarización del tema. "El desafío es fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro, más que debates que profundizan divisiones", sostuvo el arzobispo. Y añadió que la verdadera prevención nace de "familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes".

El pronunciamiento cierra con una reafirmación doctrinal y social: la niñez y la juventud como "tierra sagrada donde se siembra futuro". En la práctica, el mensaje busca correr el eje del "cuánto castigo" hacia el "qué sistema" está disponible para evitar que los chicos lleguen al delito y, si lo hacen, qué caminos existen para que no queden atrapados en un circuito de violencia y encierro.