Tras el incidente, se dio aviso a las autoridades y se activó un operativo en el lugar con la intervención de personal policial y equipos vinculados al mantenimiento ferroviario, que comenzaron a evaluar la situación y el estado de la traza.

De acuerdo con los primeros informes técnicos elevados a la Policía, quedó descartada la hipótesis de un ataque o vandalización de las vías como posible causa del descarrilamiento. En ese contexto, la fiscalía interviniente dispuso la custodia policial permanente de la carga, con el fin de evitar el robo del material transportado hasta tanto se concrete su retiro del lugar.