El debate por la baja de la edad de imputabilidad volvió al centro de la escena tras el impulso del Gobierno nacional para reformar el régimen penal juvenil. En ese contexto, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, ratificó el respaldo de la provincia a la iniciativa, aunque remarcó que no puede pensarse como una respuesta única frente a la inseguridad.

Durante una entrevista radial la funcionaria defendió la actualización de un marco normativo que consideró desactualizado. "Estamos hablando de un Código Penal de 1921. La responsabilidad penal juvenil merece una reforma", afirmó, y sostuvo que Argentina mantiene una de las edades de imputabilidad más altas de la región.

Rus planteó que bajar la edad, por sí misma, no es "ni bueno ni malo", sino una herramienta que debe integrarse a una política más amplia. Para explicarlo, comparó modelos internacionales: mencionó a Reino Unido como ejemplo de edad baja con un sistema de contención "muy bueno" y advirtió que también existen países con edades más altas donde los esquemas de abordaje fracasan. El punto, subrayó, es qué capacidad tiene el Estado para contener y reinsertar.

Uno de los ejes de la postura mendocina es el criterio de edad. Rus recordó que, cuando desde Nación se evaluaba fijar la imputabilidad en 12 años, se manifestó en contra y propuso ubicarla en 13 o 14. Su argumento se apoya en el Código Civil y Comercial, que reconoce la categoría de adolescente a partir de los 13 años, con mayores márgenes de autonomía y responsabilidad.

"El Código Civil entiende que a partir de esa edad hay una mayor capacidad de comprensión y responsabilidad. Eso también debe ser considerado al analizar la responsabilidad penal", sostuvo. Y agregó que un joven que comete un delito -como romper un comercio y robar- no puede desconocer que está vulnerando el orden social.

"Delitos de adultos", ¿penas de adultos?

Consultada por uno de los puntos más sensibles, Rus evitó simplificaciones. Señaló que fijar una edad implica que el legislador considera que, en términos generales, el joven puede comprender la criminalidad de sus actos, aunque reconoció que hay excepciones previstas para situaciones particulares. "No se trata de desconocer casos individuales donde puede haber capacidad disminuida; eso ya está contemplado en el Código Penal", explicó.

Frente a críticas de sectores de derechos humanos que sostienen que los delitos cometidos por menores son pocos y que el foco debería ser exclusivamente preventivo, Rus rechazó lo que calificó como una falacia: "No es cierto que no debamos avanzar en la reforma porque falten programas socioeducativos. Hay que hacer ambas cosas", insistió. Para la ministra, existe un involucramiento cada vez más temprano en el delito y con conciencia de los actos.

En el tramo final, Rus destacó el funcionamiento del sistema penal juvenil en Mendoza y aseguró que cumple estándares internacionales de protección de derechos. Según precisó, de unos 350 jóvenes que ingresaron al sistema, solo el 8% recibió penas privativas de libertad, mientras que el 91% accedió a medidas alternativas. "La privación de la libertad es el último recurso", afirmó, y sostuvo que el objetivo debe ser socioeducativo y de reinserción.

De cara a una eventual reforma, advirtió que será indispensable fortalecer el sistema y sumar recursos, con un pedido directo al Ejecutivo nacional: acompañar a las provincias en la implementación. "La discusión no termina en la edad. Termina -o empieza- en cómo garantizamos un régimen penal juvenil especializado, humano y eficaz", cerró.