El Gobierno de Mendoza confirmó que ya suman 15 los padres denunciados por negarse a vacunar a sus hijos, una medida que marca un precedente inédito en el país. El ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, explicó que la decisión responde al preocupante descenso de las coberturas de inmunización infantil y a la necesidad de reforzar la responsabilidad colectiva.

Montero sostuvo que la vacunación es un deber social, ya que existe una ley nacional que establece su obligatoriedad para proteger a los menores y evitar riesgos sanitarios. "Un grupo que decide no vacunarse expone al resto de la comunidad", remarcó, al justificar la intervención del Estado ante un contexto epidemiológico cada vez más frágil.

El ministro subrayó que las denuncias no buscan castigar ni encarcelar a los adultos responsables, ni tampoco recaudar mediante multas, sino garantizar los derechos del niño. Aseguró que el objetivo central es obtener el acompañamiento del Poder Judicial para actuar frente a quienes no han cumplido con el calendario oficial: "Si la población no está inmunizada, tarde o temprano vamos a enfrentar consecuencias sanitarias".

La estrategia se apoya en la Ley Nacional 27.491, que declara la vacunación como un bien público prioritario. Desde el Ejecutivo provincial recordaron que la decisión se toma en medio del rebrote de enfermedades evitables -como el sarampión- y tras la muerte de al menos siete niños por coqueluche, un escenario directamente vinculado a la caída en los esquemas vacunatorios.

Las denuncias fueron elevadas a la Justicia Civil, instancia en la que los padres deben asistir a audiencias obligatorias. Allí, profesionales de la salud exponen los riesgos individuales y colectivos de no completar las inmunizaciones. La normativa vigente contempla multas, trabajos comunitarios e incluso arrestos breves, aunque las autoridades insisten en que el espíritu de la medida es preventivo y no punitivo.

Iris Aguilar, jefa del Departamento de Inmunizaciones, reiteró que la prioridad es proteger la salud de los chicos y activar los mecanismos estatales cuando ese derecho es vulnerado, quedando a criterio del juez la aplicación de las sanciones correspondientes.