En busca de la verdad
En busca de la verdad
La provincia de Mendoza dio un paso central en su política minera con la aprobación del impacto ambiental del Proyecto San Jorge.
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La provincia de Mendoza dio un paso central en su política minera con la aprobación del impacto ambiental del Proyecto San Jorge, ubicado en Uspallata. La decisión habilita la posibilidad de desarrollar explotación de cobre bajo los parámetros de la Ley 7722, un punto clave para garantizar control ambiental y transparencia.
La vicegobernadora Hebe Casado analizó en una entrevista de Mnews Radio, El Observador Mendoza, los detalles de este proceso en una entrevista con MNews Radio - El Observador Mendoza, donde explicó el alcance de la actividad, los controles y los desafíos que enfrenta la provincia en materia minera.
"La 7722 no se ha tocado: todo se hizo dentro del marco legal vigente"
Casado subrayó que Mendoza ya tiene minería activa, principalmente de tercera categoría, como la extracción de ripio, arena y cal. Sin embargo, el desarrollo del cobre representa un salto cualitativo por su relevancia mundial y demanda internacional.
Con la creación del Código de Procedimiento Minero y la Policía Minera, la provincia comenzó a regular actividades históricamente descontroladas. En el primer año de funcionamiento se cerraron canteras ilegales y se exigió adecuación ambiental a todas las explotaciones.
La vicegobernadora destacó que el avance del proyecto se dio luego de un proceso intensivo de explicación técnica a legisladores y ciudadanía. Ingenieros, geólogos y especialistas evacuaron dudas sobre el impacto ambiental y la metodología de trabajo. "La información derriba mitos y relatos", afirmó Casado.
La minería utiliza solo el 1% del agua provincial, frente al 80% que consume la agricultura.
El Proyecto San Jorge empleará agua del arroyo Tigre, que comienza y termina dentro de propiedad privada, sin relación directa con el río Mendoza.
El sistema trabajará con circuitos cerrados de agua, impermeabilización total y recirculación permanente.
El emprendimiento minero prevé una inversión total de USD 560 millones, con mayor concentración en la construcción de la mina, etapa que podría extenderse por aproximadamente dos años antes del inicio de la extracción.
La declaración de impacto ambiental deberá ratificarse cada dos años, y si se encontraran otros minerales -como oro o plata- será obligatoria una nueva presentación ambiental, respetando estrictamente la Ley 7722.
Casado remarcó que cualquier ciudadano puede inscribirse para participar del monitoreo del proyecto a través del Ministerio correspondiente. Esto incluye visitas durante la construcción, la explotación y hasta el cierre de la mina en un plazo estimado de 20 años.
"Quien tenga dudas puede involucrarse directamente en los controles", sostuvo la vicegobernadora.
Según datos policiales, la movilización contra el proyecto reunió alrededor de 3.000 personas en su punto más alto. Casado afirmó que las protestas son legítimas dentro del marco del Código de Convivencia, pero aclaró que muchos de los reclamos -como el supuesto fin de la 7722- responden a información errónea.
A dos años de gestión, la vicegobernadora detalló avances derivados de leyes aprobadas en la Legislatura:
Educación: mejoras en alfabetización, incorporación de tecnología, nuevas modalidades y próxima reforma de la ley educativa.
Salud: cumplimiento pleno de vacantes en residencias, ampliación de recursos en salud mental, guardias 24 horas en toda la provincia, duplicación de centros de día y camas de internación, y creación de la línea 148.
Reforzal: aumento de recaudación hospitalaria de hasta 3.000% gracias al recupero de prestaciones a obras sociales.
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