A primera hora de la mañana, la geóloga ambiental Marita Ahumada analizó la jornada decisiva que vive Mendoza, donde la Legislatura podría dar un paso clave para el futuro minero de la provincia. La especialista destacó que "en ninguna parte del país ni del mundo se exige ratificar políticamente un informe técnico de impacto ambiental", una práctica que calificó como un retroceso institucional.

Ahumada recordó que los estudios ambientales detrás de los proyectos mineros llevan "años de investigación y el trabajo de cientos de profesionales", por lo que someterlos a un debate político es, según definió, "feo, malo, horrible".

Desde su experiencia dentro de la actividad, advirtió que el discurso de ciertos sectores opositores "no evolucionó" desde las discusiones de 2019. Sostuvo que persisten los mismos argumentos, sin avances en el conocimiento científico ni en la comprensión real de los controles y estándares actuales de la industria.

Para la geóloga, la década pasada podría haberse aprovechado para capacitar a quienes hoy se manifiestan preocupados por el ambiente. "Hubieran usado estos años para formarse y ser parte de los controles", afirmó, recordando que la minería demanda desde ingenieros y técnicos hasta electricistas, soldadores, informáticos, proveedores de servicios y personal logístico, porque cada proyecto requiere montar "una mini ciudad donde no hay nada".

Sobre los cuestionamientos económicos, Ahumada señaló que se instaló el mito de que "la provincia solo recibe el 3% de regalías", cuando el verdadero aporte incluye una amplia red de proveedores locales, generación de empleo, pago de impuestos y dinamización de la economía regional. "La minería es un motor económico, no un saqueo", subrayó.

También criticó los argumentos basados en ideas místicas o ideológicas: "He escuchado hablar de guardianes de la luz y vórtices. Esa gente no quiere escuchar ni aprender cuestiones técnicas que desmontan esas creencias".

Consultada sobre los estándares ambientales, Ahumada explicó que la actividad trabaja bajo una de las legislaciones más estrictas de Argentina. Mencionó la Ley 24.585 de Protección Ambiental Minera, los decretos reglamentarios provinciales, la Ley General del Ambiente y la aplicación de protocolos internacionales como el Código de Manejo del Cianuro, normativas de la OIT y procedimientos de geoética.

"La minería moderna opera bajo reglas que no existen en ninguna otra actividad del país", aseguró, insistiendo en que la percepción pública está desactualizada: se sigue pensando en prácticas de hace 30 años o del siglo pasado.

Ahumada definió esta jornada legislativa como "particular y decisiva" para que Mendoza pueda recuperar un liderazgo regional perdido y adaptarse a una industria que cambió, se profesionalizó y hoy opera bajo los estándares ambientales más exigentes del mundo