Este lunes, en la provincia, tuvo lugar la audiencia pública para el avance de la tercera etapa del Plan de Concesiones Viales, que abarca la Ruta 7, desde el límite con San Luis hasta el Cristo Redentor.
Con la realización de la audiencia pública en Mendoza, el Gobierno nacional dio un paso clave en el avance de la tercera etapa del Plan de Concesiones Viales, en el marco de la Red Federal de Caminos. En esta instancia, el foco estuvo puesto en el corredor "Cuyo", que comprende 329 kilómetros de la Ruta Nacional 7 -desde el límite con San Luis hasta el Cristo Redentor- e incluye un ramal de la Ruta 40.
Durante el encuentro, encabezado por Martín Zangirolami y con la exposición técnica de Emma Albrieu Cipollina, gerenta de Planeamiento y Concesiones de Vialidad Nacional, se detallaron las condiciones de la futura licitación: se instalarán nuevas estaciones de peaje, se incorporará tecnología de cobro sin barreras (Free Flow) y se aplicará un estricto régimen de pesaje para transporte de cargas.
Al actual peaje de La Paz se sumarán tres nuevos puntos de cobro: en el kilómetro 970 (Variante Palmira), en el 1080 (Potrerillos) y en el 1234, cerca del Cristo Redentor. Estas ubicaciones serán fijas y no podrán modificarse sin autorización de Vialidad Nacional.
Una de las principales innovaciones será la incorporación del sistema Free Flow, que permite el cobro sin detenerse, mejorando la fluidez del tránsito y reduciendo el impacto ambiental. Quienes continúen utilizando el pago manual abonarán el doble de la tarifa.
El nuevo esquema prevé un sistema de pesaje dinámico previo a los pórticos. Los camiones que superen en más del 20% el peso permitido deberán pagar hasta 50 veces la tarifa normal, con el objetivo de desalentar el deterioro de la infraestructura vial.
Asimismo, por primera vez las motocicletas comenzarán a abonar peaje. En total, se establecerán siete categorías de vehículos, con tarifas diferenciadas según el tipo y cantidad de ejes.
El contrato de concesión será de hasta 20 años y se financiará íntegramente con ingresos por peajes, sin subsidios del Estado ni canon. El concesionario solo podrá aplicar su tarifa de oferta una vez completadas las obras de puesta en valor, debiendo mantener hasta entonces la tarifa vigente al momento de adjudicación, ajustada semestralmente por inflación (mano de obra, asfalto y gasoil).
Las obras exigidas se dividen en tres grupos: mantenimiento rutinario, obras obligatorias y obras iniciales de puesta en valor (estas últimas deben completarse en el primer año). Incluyen bacheo, iluminación, corte de pasto, señalización y reparación de banquinas, entre otros. El incumplimiento de estos compromisos podrá motivar la rescisión del contrato.
En el caso de Uspallata, se anunciaron dos proyectos estratégicos: la construcción de una nueva rotonda en la intersección de calle Las Heras con las rutas 7 y 149, y la reconstrucción del puente sobre el arroyo Uspallata.
Finalmente, las obras de rehabilitación contemplan fresado, repavimentación, reparación de barandas y señalización horizontal en toda la traza concesionada, bajo estrictos parámetros técnicos y con auditorías periódicas.
Con este nuevo esquema, el Gobierno busca consolidar una red vial moderna, sustentable y con estándares internacionales, en uno de los corredores logísticos más relevantes del país.