La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió una decisión judicial que limitaba la capacidad del gobierno de Trump para deportar migrantes a terceros países sin el debido proceso. La orden judicial anterior, emitida por el juez federal Brian Murphy, argumentaba que estas deportaciones violaban las protecciones constitucionales.
La jueza Sotomayor criticó la decisión de la Corte Suprema, acusando al tribunal de "recompensar la ilegalidad" y de conceder un "alivio de emergencia" a una administración que, según ella, ha "desobedecido abiertamente" órdenes judiciales previas. La Corte no proporcionó una justificación para su decisión.
Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN, destacó la importancia del fallo en relación con decisiones recientes que permitieron al gobierno cancelar el estatus de protección temporal para venezolanos y el parole para otros migrantes. Vladeck argumentó que estas decisiones, en conjunto, facilitan la deportación de hasta un millón de migrantes a países que los acepten, sin garantías sobre su trato.
El caso ha generado controversia tras revelaciones sobre inmigrantes, inicialmente con destino a Sudán del Sur, retenidos en una base militar en Yibuti sin acceso a sus abogados. Estos inmigrantes provenían de Cuba, Vietnam y Laos. Organizaciones humanitarias han denunciado la grave situación en Sudán del Sur, citando inseguridad alimentaria, inestabilidad política y violencia.
En mayo, una corte de apelaciones rechazó una solicitud del gobierno para suspender el fallo que detenía la política de deportaciones, en medio de planes para enviar inmigrantes a Libia, un país criticado por su trato a los detenidos y su inestabilidad.
El gobierno de Trump defiende su política argumentando que la orden judicial excede los límites legales y que los migrantes enviados a terceros países tienen antecedentes penales graves. Los abogados de los migrantes refutan esta afirmación, señalando que muchos no tienen condenas penales.
El debate central gira en torno a la Convención contra la Tortura, que prohíbe la deportación a países donde exista riesgo de tortura. La ley es ambigua sobre cómo se debe determinar este riesgo y qué derechos de proceso corresponden al migrante.
La administración de Trump argumenta que si recibe "garantías" de un gobierno extranjero de que un migrante no será torturado, no está obligada a notificarle sobre su deportación. Los grupos que representan a los migrantes denuncian que, en algunos casos, el aviso se ha dado con menos de 24 horas de antelación.
El juez Murphy, designado por Biden, consideró insuficiente este plazo y ordenó al gobierno dar 10 días para presentar la reclamación y 15 días más para impugnar una negativa. Este cronograma es el que la administración de Trump impugnó ante la Corte Suprema.
Trump ha presentado numerosas apelaciones de emergencia ante la Corte Suprema en materia de inmigración, con resultados mixtos. Aunque la Corte ha apoyado sus esfuerzos para terminar el estatus de protección temporal y eliminar el parole humanitario, también ha bloqueado intentos de acelerar deportaciones sin el debido proceso.

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