La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que crea el "Adicional Cuidado Directo y Permanente", destinado al personal de áreas clave del Ministerio de Educación. Se busca fortalecer el vínculo entre trabajadores y jóvenes en conflicto con la ley o albergados por el Estado.
Con 43 votos afirmativos y sin votos en contra ni abstenciones, la Cámara de Diputados provincial dio este miércoles media sanción al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para crear el "Adicional Cuidado Directo y Permanente". La iniciativa busca otorgar una mejora salarial equivalente al 50% del total de haberes al personal estatal que trabaja en contacto directo con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
La medida alcanza a trabajadores de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) y de la Dirección General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (DGP), dependientes del Ministerio de Educación. El adicional será exclusivo para quienes desarrollen tareas de cuidado directo, y no podrá ser extendido a otras funciones.
El adicional, de carácter remunerativo pero no bonificable, excluye el ítem "Paritaria 2022 Régimen 15 (Ítem 1414)" y no será percibido en casos de licencias prolongadas, suspensiones, traslados por sumarios disciplinarios u otras situaciones en las que el trabajador no preste funciones de manera efectiva.
En sus fundamentos, el Ejecutivo señaló que la medida apunta a "potenciar la continuidad y estabilidad" de quienes acompañan diariamente a adolescentes en conflicto con la ley o a menores alojados en hogares estatales, para fomentar un vínculo sostenido y contención emocional.
"Se busca incentivar que dicho personal permanezca durante un determinado tiempo en el mismo puesto, a fin de generar un vínculo y la contención necesaria para el bienestar de los niños, niñas y adolescentes", sostiene el texto.
La ley establece que para acceder al beneficio se considerarán criterios como capacitación, antigüedad en la función y desempeño laboral. Además, se faculta a la autoridad de aplicación a determinar los contenidos formativos y al organismo encargado de evaluar la permanencia en el beneficio.
El proyecto fue presentado apenas una semana atrás y ahora espera su tratamiento en el Senado para convertirse en ley.