En 2025, la provincia de Mendoza enfrenta la obligación de abonar alrededor de $2.200 millones en concepto de juicios perdidos, lo que refleja la cantidad de casos en los que el Estado ha sido condenado a indemnizar a ciudadanos. Este dinero corresponde a 373 sentencias firmes dictadas en contra del Estado, las cuales involucran diversas áreas del gobierno provincial.

Entre los sectores con mayor cantidad de juicios perdidos, el Ministerio de Salud lidera la lista con 177 casos, seguido por el Ministerio de Seguridad con 76 juicios y la Dirección General de Escuelas (DGE) con 59. Los juicios más comunes incluyen casos de mala praxis en hospitales, accidentes escolares durante los recreos y situaciones de abuso o negligencia en las cárceles.

Uno de los casos más resonantes que involucra a la provincia es el juicio por el femicidio de Paula Toledo, ocurrido en 2003, donde el Estado deberá indemnizar a la familia con más de $50 millones debido a una investigación plagada de irregularidades. Además, casos de mala praxis médica en hospitales como el Lagomaggiore y el Perrupato también generaron demandas por daños y perjuicios que exigen pagos millonarios.

El Estado también ha perdido juicios por incidentes ocurridos en las cárceles, como el caso de un detenido que fue maltratado y torturado por otros internos, así como otros relacionados con detenciones injustas. En el ámbito educativo, muchos juicios son el resultado de accidentes ocurridos en las escuelas, especialmente durante el recreo, que derivaron en lesiones graves para los estudiantes.

A pesar de la magnitud de estos pagos, desde la Fiscalía de Estado aseguran que, en términos relativos, la cantidad de juicios perdidos ha sido manejable, y que en comparación con la cantidad de cirugías y procedimientos médicos realizados cada día, el número de casos es bajo. Además, destacan que los juicios por accidentes en las escuelas se resuelven frecuentemente en contra del Estado debido a la "responsabilidad objetiva" que establece la ley provincial, que no requiere demostrar culpa de un tercero.

En cuanto al ámbito penitenciario, los juicios por maltrato a internos y la detención arbitraria de personas han sido recurrentes, y el Estado ha tenido que responder por la negligencia en la vigilancia y tratamiento de los presos.

Desde la Fiscalía de Estado se reconoce que, si bien el número de juicios perdidos ha disminuido en los últimos años, el monto que se debe pagar sigue siendo elevado debido a la combinación de sentencias firmes y los intereses por mora. No obstante, también se destaca que el sistema judicial ha mejorado en términos de velocidad de resolución de casos, lo que ha permitido reducir el monto de intereses acumulados.

Frigolé, director de Administración y Finanzas de Fiscalía de Estado, también resaltó que, a pesar de los avances en el pago de juicios y la optimización de recursos, los pagos seguirán siendo elevados si los juicios continúan en aumento, lo que podría generar una presión financiera aún mayor en los años venideros.