En Boca reina la incertidumbre en relación a las elecciones presidenciales que debían realizarse el domingo 3, con la Justicia actuando y buscando una salida al conflicto entre el oficialismo, con Juan Román Riquelme a la cabeza, y la oposición, impulsada por Mauricio Macri. Sin embargo, el exfutbolista y candidato a presidente mira hacia los Tribunales con otra preocupación: el destino de su hermano Cristian, el Chanchi, en una causa por reventa de entradas.

Más allá del desgaste que provoca esta lucha de todos los días entre abogados y estatutos por los comicios, el máximo ídolo xeneize se cree ganador en caso de que haya un llamado a las urnas. El peor escenario es la intervención, un fantasma que se viene agitando en Brandsen 805 y que sorpresivamante fue alentado por un sugestivo mensaje en Twitter de Javier Milei: una cuenta macrista le pidió "la motosierra" para acabar con "el populismo que gobierna en Boca" y el presidente que ocupará la Casa Rosada desde el domingo 10 le respondió que "cuente con la herramienta sin dudas".

Vale recordarlo, uno de los organismos que puede determinar la intervención en Boca es la llamada IGJ, la Inspección General de Justicia, que cambiará de autoridades con el nuevo Gobierno que tendrá al referente libertario en el mando. De ahí que en el frente que congrega Riquelme se pronostique un panorama todavía más complejo que el actual desde la próxima semana.

Pero lo dicho, Román tiene otra preocupación más palpable y en la que no tiene mucho margen de acción: qué pasará con su hermano Cristian, sospechado de revender entradas para partidos de Boca. La investigación, iniciada hace más de un año por una denuncia anónima, la lleva adelante la fiscal Celsa Ramírez. Sí, la misma a la que el ex número 10 señaló por tener "algo personal" contra su familia.

En octubre de 2022, el Cuerpo de Investigadores Judiciales y la Policía de la Ciudad comenzaron a infiltrarse en lo que se describe en la Justicia como una "red de reventa", de la que también participa parte de la barra brava de Boca, con Mauro Martín y Rafael Di Zeo, sus líderes, mencionados en la investigación. El Chanchi está señalado por manejar las entradas de "protocolo" de la institución, a la vez que Ricardo Rosica, secretario general del club, por su responsabilidad con la llamada "liberación de molinetes".

La fiscal Celsa Ramírez.

Hay escuchas telefónicas, chats y una lista de nombres que también forman parte de la causa, con distintos puntos de la ciudad, algunos de ellos cercanos a La Boca, desde donde se repartían y revendían los tickets. Tanto Chanchi como Rosica fueron citados a declarar este jueves para responder las preguntas de la fiscal y dar su versión de los hechos o ampararse en su derecho constitucional y no hacerlo.

El contexto de Boca frente a la Justicia está lejos de ser el ideal, y el hermano de Román no se mostró muy colaborativo con la fiscalía. En agosto se llevó a cabo una serie de allanamientos, entre ellos uno en la Bombonerita y otro en el domicilio del menor de los Riquelme. En el departamento del Chanchi la policía encontró carnets, tickets, pulseras y computadoras pero no pudo dar con su celular. "Se lo robaron anoche", fue la explicación que se llevaron de regreso a la sede judicial.

Finalmente dieron con el móvil de Cristian Riquelme el miércoles 1 de noviembre, cuando el hermano de Román se dirigía hacia Ezeiza para emprender su viaje a Río de Janeiro, donde Boca jugaría la final de la Copa Libertadores. “Mucho no me gusta hablar de mi vida, pero creo que todo tiene que tener un límite o la gente tiene derecho a saber. El miércoles nosotros viajamos a Brasil, con la final que teníamos, mi hermano salió de su casa, una camioneta blanca lo siguió y a mitad de camino esa camioneta blanca se le atravesó y lo hizo parar”, se quejó Román en una entrevista.

“Respeto el trabajo de la jueza, pero sí a la jueza le tengo que decir que nuestra familia no molesta a nadie, que la jueza no puede mandar a la policía a hacer eso, a seguir a mi hermano con un auto de civil, pararlo en la calle y quitarle su teléfono", siguió planteando el 10. El iPhone 14 de Crisitan no logró ser desbloqueado y descansa en un cajón de Tribunales.

Celsa Ramírez, al frente de la Fiscalía Nro 35, especializada en Eventos Masivos, investiga la presunta reventa de entradas y los posible delitos de defraudación, asociación ilícita y omisión de recaudos durante un evento masivo, señalados en el Código Penal y el Código Contravencional, respectivamente.

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