En busca de la verdad
En busca de la verdad
El Instituto de Previsión Social de Paraguay denunció penalmente a directivos de Ueno Bank y del Banco Central por más de USD 516 millones en fondos jubilatorios. La quiebra salpicó a Santiago Peña y hay unos USD 800 millones públicos en riesgo.
El Instituto de Previsión Social de Paraguay (IPS) formalizó este martes una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo contra los directivos de Ueno Bank —entidad intervenida la semana pasada por severos problemas de solvencia—, donde el organismo previsional mantiene inmovilizados más de 516 millones de dólares pertenecientes a los fondos de los trabajadores y jubilados.
La presentación judicial, encabezada por el director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, precisó que la institución cuenta con un saldo exacto de USD 516.379.399,69 distribuidos en diversas colocaciones dentro de la entidad bancaria. Del total auditado, USD 358.719.147,86 corresponden a colocaciones e imposiciones a plazo del fondo común de jubilaciones, pensiones y reserva de contingencia, mientras que los USD 157.660.251,82 restantes se encuentran radicados en tres cuentas operativas destinadas a prestaciones sanitarias y haberes previsionales.
La acción legal impulsada por el ente previsional alcanza también a las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) por presuntas responsabilidades en la supervisión del colapso financiero. La caída de Ueno Bank detonó un cimbronazo político de máxima escala que derivó en la destitución mediante juicio político por mal desempeño de funciones del ahora expresidente Santiago Peña, quien actualmente permanece privado de su libertad en el marco de la causa penal.
En el frente monetario, el extitular del BCP, Carlos Carvallo, presentó su dimisión inmediata tras la apertura del proceso contra la entidad y se entregó a las autoridades policiales el último viernes. A la crisis institucional se sumó la renuncia de la economista Liana Caballero, quien se desempeñaba como titular interina del BCP y dimitió ante el Senado sin fundamentar los motivos de su salida.
En medio del desplome bancario, el mandatario Pedro Alliana —quien asumió el Poder Ejecutivo el pasado viernes tras la salida de Peña— aseguró que la restitución de los activos previsionales e institucionales “tendrá prioridad absoluta”. A través de sus canales oficiales, el mandatario afirmó que el Estado ya transfirió USD 330 millones del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para indemnizar a 1.740.000 pequeños ahorristas, lo que abarcaría al 95% de los clientes amparados por el sistema de cobertura legal.
Pese a las cancelaciones parciales, el colapso de Ueno Bank mantiene bajo riesgo cerca de 800 millones de dólares pertenecientes a diversas cajas de jubilaciones y organismos del Estado paraguayo. Si bien el Fondo de Garantía prevé una protección ordinaria de hasta 75 salarios mínimos (unos USD 38.622), una ley de emergencia sancionada por el Congreso fijó un tope de devolución inmediata de 40 salarios mínimos (entre USD 19.787 y USD 20.353). La normativa estableció un plazo perentorio que vence este miércoles 11 de noviembre para abonar las compensaciones menores, sin precisiones oficiales sobre el mecanismo que se adoptará para reintegrar los saldos excedentes en una entidad que concentraba a 2,94 millones de clientes.
