En busca de la verdad
En busca de la verdad
Los fiscales generales de los distritos advirtieron que anular la sentencia millonaria contra la Argentina podría sentar un precedente para que otros gobiernos extranjeros eviten responder ante la Justicia estadounidense.
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El juicio por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo en Estados Unidos. Un grupo de 15 estados y territorios norteamericanos presentó un escrito ante la Corte Suprema para respaldar a los fondos que buscan restablecer la condena de US$16.100 millones contra la Argentina, anulada en marzo por un tribunal de apelaciones de Nueva York.
La presentación fue realizada el viernes 30 de octubre y estuvo encabezada por el estado de Missouri. Se trata de un documento bajo la figura de amicus curiae, que permite a terceros aportar argumentos jurídicos en un proceso judicial sin formar parte directa del litigio.
El objetivo de los firmantes es que la Corte Suprema estadounidense acepte revisar la sentencia que favoreció a la Argentina y vuelva a poner en discusión la millonaria indemnización reclamada por los fondos Petersen Energía y Eton Park, cuyos litigios son financiados por Burford Capital.
El conflicto se originó a partir de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, concretada en 2012. Los demandantes sostienen que el Estado argentino incumplió el estatuto de la petrolera al no realizar una oferta pública de adquisición destinada a los accionistas minoritarios.
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska había condenado al país a pagar US$16.100 millones. Sin embargo, el 27 de marzo de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dejó sin efecto esa sentencia, al considerar que los reclamos no correspondían según la legislación argentina aplicable.
Los fiscales generales que acompañaron la presentación cuestionaron la interpretación judicial de la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (FSIA), que determina en qué circunstancias un gobierno extranjero puede ser llevado ante los tribunales estadounidenses.
Según plantearon, el criterio adoptado por la Cámara de Apelaciones podría generar consecuencias que excedan el litigio por YPF, al permitir que otros países utilicen sus propias legislaciones para evitar responsabilidades reclamadas en Estados Unidos.
Para fundamentar esa posición, mencionaron las demandas impulsadas por Missouri y Mississippi contra China durante la pandemia de coronavirus. Aquellas acciones judiciales incluyeron acusaciones relacionadas con prácticas comerciales desleales, la comercialización de elementos sanitarios de baja calidad y el acaparamiento de insumos de protección.
Los firmantes consideran que permitir a un Estado extranjero recurrir a sus normas internas para resolver determinadas controversias podría limitar la capacidad de los tribunales norteamericanos para proteger los intereses de sus ciudadanos.
Por ese motivo, solicitaron al máximo tribunal que intervenga en el expediente y revoque la decisión que benefició a la Argentina.
La presentación también generó cuestionamientos entre especialistas en derecho internacional.
El exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler puso en duda la fuerza jurídica y política del documento, especialmente por la composición de sus firmantes.
“Todos los fiscales generales estatales que lo firman son republicanos (solo el de las Islas Marianas es ‘independiente’). La ausencia de demócratas no es decisiva pero lo torna menos persuasivo”, señaló.
Además, sostuvo que los argumentos presentados parten de una interpretación equivocada de la sentencia que anuló la condena contra la Argentina.
El especialista explicó que el Tribunal de Apelaciones sí ejerció su jurisdicción sobre el caso, pero resolvió la controversia mediante la aplicación del derecho argentino, particularmente las normas societarias y de expropiación.
La distinción resulta central para el expediente: la Cámara no rechazó intervenir por falta de competencia, sino que analizó el reclamo y concluyó que los demandantes no tenían derecho a recibir la indemnización solicitada.
Pese al respaldo de los 15 estados y territorios estadounidenses, la situación judicial de la Argentina no sufrió modificaciones inmediatas.
La Corte Suprema todavía debe resolver si acepta analizar el recurso presentado por Petersen Energía y Eton Park. En caso de rechazarlo, quedaría firme la sentencia que anuló la obligación de pagar US$16.100 millones.
Durante las próximas semanas podrían incorporarse nuevos escritos de terceros interesados, tanto a favor de los fondos demandantes como en respaldo de la posición argentina.
También existe la posibilidad de que intervenga John Sauer, procurador general de Estados Unidos, cuya opinión podría tener relevancia si el máximo tribunal solicita formalmente la postura del gobierno norteamericano.
La próxima fecha clave será el 2 de diciembre, cuando vencerá el plazo concedido a la Argentina y a YPF para presentar sus respuestas, luego de que sus abogados solicitaran una prórroga.
Hasta que la Corte Suprema defina si revisará el expediente, continuará vigente el fallo favorable al país que dejó sin efecto la condena multimillonaria.
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