Un nuevo informe sobre derechos sociales en la isla revela que ocho de cada diez familias debieron saltear comidas en el último semestre. La crisis económica desploma el poder adquisitivo, dispara el descontento y deja a la gestión de Miguel Díaz-Canel con una valoración positiva marginal del 3%.
La profunda crisis que atraviesa Cuba quedó expuesta en el IX Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales, un relevamiento que será presentado oficialmente el próximo 7 de septiembre en Madrid, España, y para el cual se encuestó a 1.318 hogares en las 15 provincias del país entre junio y julio de este año.
El informe detalla que el 68% de los hogares cubanos percibe menos de 20.000 pesos cubanos mensuales, una cifra equivalente a unos 30 dólares según el tipo de cambio utilizado por la organización. En este escenario de extrema vulnerabilidad, apenas el 6% de las familias afirma tener capacidad para adquirir productos que no sean estrictamente indispensables.
Las privaciones impactan de manera directa sobre la subsistencia diaria: ocho de cada diez entrevistados reconocieron haber dejado de desayunar, almorzar o cenar al menos una vez en los últimos seis meses por falta de recursos o de comida. Esta problemática golpea con mayor crudeza a los adultos mayores de 61 años, un segmento en el que nueve de cada diez personas debieron saltear comidas en el período relevado.
Más allá de la emergencia alimentaria, son los recurrentes colapsos en el suministro eléctrico los que concentran el mayor malestar ciudadano. El 70% de los encuestados identifica a los apagones como el problema principal que el Estado debería resolver de manera urgente. El mapa de las urgencias se completa con:
El estudio también refleja un abismo de desconfianza hacia las políticas oficiales. Un 84% de la población considera que las últimas medidas económicas anunciadas por el Gobierno no servirán para encauzar la situación del país. Como correlato de este rechazo, la gestión conjunta del presidente Miguel Díaz-Canel y del primer ministro Manuel Marrero cosechó apenas un 3% de valoración positiva, evidenciando un profundo desgaste en la legitimidad del oficialismo frente al colapso de los indicadores sociales.