En busca de la verdad
En busca de la verdad
El canciller Iván Gil planteó ante la ONU que el desbloqueo de los recursos estatales es clave para cubrir los daños en Caracas y La Guaira. El apoyo de economistas internacionales y el millonario plan de asistencia lanzado por las agencias.
La crisis humanitaria provocada por el doble terremoto en Venezuela saltó de lleno al tablero de la alta diplomacia financiera. El gobierno venezolano aprovechó un foro ministerial de las Naciones Unidas para lanzar una exigencia contundente: la liberación inmediata de unos 9.000 millones de dólares en activos estatales congelados en el exterior como condición para financiar la reconstrucción del país. El canciller Iván Gil Pinto expuso la urgencia mediante una videoconferencia con la OCHA, reclamando un plan de desbloqueo a las naciones que retienen estos recursos estratégicos.
El pedido apunta directamente a dos grandes cofres internacionales que permanecen inmovilizados debido al régimen de sanciones que arrastra el país. Por un lado, Venezuela exige las 31 toneladas de oro retenidas en el Banco de Inglaterra, valuadas en unos 4.200 millones de dólares; por el otro, reclama el acceso a cerca de 5.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le había asignado en 2021. La situación política e institucional sumó complejidad luego de que Washington respaldara a Delcy Rodríguez como presidenta interina en enero pasado, abriendo una etapa de flexibilizaciones parciales y temporales frente a la catástrofe.
La magnitud del desastre justifica la urgencia de las negociaciones en los despachos internacionales. El doble temblor del 24 de junio -dos sismos fortísimos de 7,2 y 7,5 de magnitud que ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia- golpeó con dureza a Caracas y al estado costero de La Guaira. El balance oficial es desgarrador, contabilizando 3.685 muertos y más de 16.000 heridos, mientras que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calculó los daños materiales en 6.700 millones de dólares, una cifra que representa nada menos que el 6% del PBI venezolano.
En el terreno de la emergencia, el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, recorrió las zonas más castigadas en la localidad de Playa Grande. El funcionario advirtió que la economía local enfrentará meses muy difíciles y defendió la necesidad de aplicar excepciones humanitarias a las sanciones económicas. En sintonía con esto, la OCHA lanzó un llamado internacional para recaudar 296 millones de dólares destinados a asistir a 1,3 millones de afectados durante el próximo semestre, intentando cubrir un bache financiero global que asciende a los 627 millones de dólares.
La presión para que Washington y Londres liberen los fondos venezolanos no llegó solamente desde Caracas. Un grupo integrado por 113 economistas de todo el mundo firmó una carta abierta para exigir la flexibilización de las medidas sobre el Banco Central venezolano y la petrolera estatal PDVSA. Entre los firmantes destacan figuras del ámbito académico como Jeffrey Sachs, de la Universidad de Columbia, e Isabella Weber, quienes alertaron que las licencias humanitarias actuales se quedan cortas porque los bancos privados internacionales siguen teniendo miedo de operar con el país por temor a represalias.
El debate de fondo deja en evidencia una brecha enorme entre la ayuda humanitaria real y los recursos propios de la nación caribeña. Mientras las donaciones internacionales acumuladas hasta el momento rozan los 300 millones de dólares, el Estado tiene más de 9.000 millones atrapados en el entramado judicial y político de las potencias occidentales. Esta marcada diferencia definirá si los planes de reconstrucción de viviendas, hospitales y escuelas dependerán de la solidaridad de la comunidad internacional o de la capacidad de Venezuela para disponer de sus propios fondos en medio de un escenario de destrucción.
